Hay obligación de acatar las sentencias de los tribunales. Pero no hay ninguna obligación de estar de acuerdo con ellas.
Los tribunales son un poder sin contrapoder, y lo único que nos queda a los profesionales del derecho cuando constatamos lo que nos parece un abuso es someter la cuestión a la opinión pública. Frente a los jueces no hay ninguna otra posibilidad. Son impunes, corporativistas e inmunes a toda responsabilidad.
Si la cuestión no se ataja a tiempo, pronto sus decisiones serán además excluidas de toda crítica. Todavía existe la libertad de expresión. Pero está en manos de los jueces. Esperemos que siga existiendo.
Sobre todo cuando los tribunales, en vez de aplicar la ley, que es para lo que están, la interpretan de tal manera que imponen su voluntad al legislador, con interpretaciones que vacían de contenido las leyes.
