La mitad de los jueces españoles ve en riesgo el Estado de Derecho

Según #ELPAISOE, tres asociaciones de jueces, que representan casi a la mitad de la carrera judicial, ven en riesgo el Estado de Derecho.

Yo lo que veo en riesgo es el correcto funcionamiento del el sistema judicial.

Un país en el que un gobierno puede gobernar por decreto-ley, y crear un estado de alarma inconstitucional, sin que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional operen contra lo realizado por el gobierno, a pesar de las numerosas demandas y recursos de inconstitucionalidad que han recibido, convirtiendo los decretos en leyes solo porque lo dicen ellos, y negando legitimación a los particulares para impugnar los estados de alarma, no tiene el problema en el ámbito de la política: lo tiene en el ámbito de la Judicatura.

Los jueces deberían dirigirse a Bruselas para señalar su propia negligencia y que son ellos mismos la causa de los problemas que denuncian. Cuando hagan un poco de autocrítica se darán cuenta y que, si alguien perjudica a la clase empresarial y a la clase trabajadora española, no son los políticos, sino los jueces, en especial los que sirven el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, cuyo sesgo estatalista llama la atención, y que han convertido las disposiciones excepcionales del Gobierno en algo ordinario, por falta de reacción judicial.

Ese es el problema de la Judicatura en España. Lo demás es anecdótico.

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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