La justicia en España está politizada

Desde la reforma Ledesma, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1986, hasta hoy, la justicia española está politizada.

El diseño original del Consejo General del Poder Judicial era no partidista y otorgaba la mayoría constitucionalmente a los jueces, sin intervención de los políticos en sus elecciones.

La referida reforma, y muchas otras después, han convertido el Consejo General del Poder Judicial en un órgano que refleja las mayorías políticas del momento. Y por tanto se politizan todos los nombramientos y todas las actuaciones.

La cuestión ha llegado hasta tal punto que ahora se politizan incluso antes de que las reformas se materialicen, y el Consejo ese divide incluso cuando el gobierno todavía no ha movido ficha.

Con estos precedentes, sostener que la política española no influye en la judicatura son ganas de hablar. Son los propios miembros del Consejo General del Poder Judicial los que demuestran con sus actuaciones que la política española está politizada.

Todo el que litigue, especialmente si lo hace contra el Estado, tiene que partir de esa base, porque sino no entenderá qué es lo que está pasando, ni dónde se ha metido.

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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