En la AEAT no hay secreto profesional

Primera página de El País en el Domingo 6.12.2020, 42 aniversario de la Constitución

El artículo 95 de la Ley General Tributaria dice que los datos con trascendencia tributaria tienen carácter reservado. Es pura ilusión. Se trata de una obligación que no se cumple.

Por lo visto, si a los periodistas les interesa, ellos pueden publicar impunemente cualquier cuestión reservada.

Es importante tener en cuenta la legislación, porque saltarse este secreto puede llegar a ser delito:

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: (…)

3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.

Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente.

Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

Cuando un periódico puede publicar la declaración complementaria de cualquier ciudadano, pero especialmente si se trata de la declaración complementaria del rey emérito, está colaborando con una actuación que todo el mundo sabe que está prohibida. Y no está informando. Está contribuyendo a la campaña de descrédito y desprestigio del monarca.

A la vista de lo que aquí ha sucedido estoy convencido de que a alguien le tiene que pasar algo. Las autoridades y funcionarios a los que se refiere el artículo son personas muy concretas que tienen responsabilidad de mantener el secreto. Da igual si se trata del rey emérito o de cualquier ciudadano. No se puede consentir que las inspecciones fiscales se hagan en los periódicos.

Si de verdad cree en su función pública, la Agencia Tributaria, antes de que termine el día de hoy, tiene que hacer un comunicado, no sólo diciendo que ha iniciado una investigación, sino señalando sus primeros frutos, debido a que es absolutamente imposible que esta declaración complementaria se haya filtrado a “El País” sin la actuación torticera de personas de dentro de la propia agencia da igual en nivel o la altura a la que haya que llegar.

Se espera para antes de que termine el día de hoy o una denuncia ante el Ministerio Fiscal de lo acaecido o una querella presentada por la Abogacía del Estado con solicitud inmediata de medidas cautelares para paralización de toda información sobre esta materia.

Estamos hablando de una gravísima falta y de un enorme descrédito para la Agencia Tributaria que los españoles tenemos derecho a que no suceda. No sólo por qué se trata del Rey emérito, lo cual ya sería de por sí razón suficiente, sino porque vale para cualquier ciudadano. Si esto le puede pasar a cualquiera, no se puede confiar en la Agencia Tributaria.

También creo que se debe incluir dentro de esta investigación a “El País”. Desde luego, los periodistas pueden publicar todo lo que les dé la gana, pero no sin responsabilidad. Cuando los periodistas saben, y lo deben saber porque lo dicen las leyes, que determinadas actuaciones son secretas, y que revelarlas puede dar lugar a responsabilidad, debe exigirse esa responsabilidad.

Por ejemplo, dejando a PRISA sin subvenciones. Que es lo que le pasaría a cualquier otro subvencionado. Aunque dudo mucho que a “El País”, qué es la Hoja Parroquial de la religión socialista y la Pravda del PSOE, le vaya a pasar nada.

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

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La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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