Como dijimos en posts anteriores, el Gobierno parece decidido a arruinar a los dueños de gasolineras. No porque lo haga deliberadamente, sino porque se cree que toda la riqueza nacional, también la de los dueños de gasolineras, es suya. Es fácil de entender: es uno de los postulados del socialismo. Los medios de producción deben ser expropiados. Solo que ahora en vez de hacerlo directamente, se les “regula”. Se les expropia normativamente. Por ley. El efecto es el mismo, pero con anestesia.
Los dueños de las gasolineras han tenido que adelantar ingentes cantidades de dinero, algunos hasta 30.000 euros al mes, que, como no los tenían en caja, han tenido que pedir prestados al banco. Pensando, en su buena fe, o más bien en su ingenuidad, que el Gobierno iba a cumplir su compromiso de pagar a tiempo.
Hace falta ser ingénuo. Todo el mundo sabe que las Administraciones Públicas, especialmente los Ayuntamientos, nunca pagan a tiempo. El Estado no es menos. Las Administraciones Públicas copan el 51% del PIB y para no cumplir sus obligaciones de pago, hace mucho tiempo que crearon una jurisdicción especial, la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que el que pide justicia no está en igualdad de condiciones, porque tiene que demostrar que se le debe. Las Administraciones Públicas no tienen que demostrar que han pagado. Les basta con decir que no deben.
Pero para algo se inventó la Constitución. Para algo se creó la teoría de la responsabilidad del Estado legislador. Para algo… cuyo proceso jurisdiccional dura mucho tiempo, se ventila ante jueces “especializados”, esto es, seleccionados por el Estado para juzgar al Estado, resulta carísimo en abogados y tiene costas, muy altas, si pierdes. Costas que fija otro funcionario del Estado: el Secretario del Juzgado, que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia.
A pesar de este desaguisado, algún remedio hay. Es difícil, pero si se sabe hacer, al cabo de años, se puede recuperar al menos parte del dinero. El camino es largo: se contrata un abogado; éste pone una reclamación por responsabilidad; la reclamación te la deniegan (pueden darlo por seguro); luego se recurre la denegación ante los Tribunales. No son imparciales, pero tampoco son socialistas, así que es posible que, al cabo de los años, no menos de 7 años, casación incluida, le den la razón y le paguen lo que ha perdido, con intereses. No espere que le den más. Porque no se lo van a dar. Ese es el Estado que tenemos, “poder judicial” incluido.
Si ha tenido la desgracia de adelantarle dinero al Estado con la esperanza de que le pagarían a tiempo, y no lo han hecho, hasta el punto de que usted está financieramente muy mal o incluso quebrado, llámenos porque tiene usted poca esperanza, pero de entre la poca que hay, nosotros sabemos hacerlo muy bien. Le adelantamos nuestro pesimismo, pero es peor, aunque parezca mentira, quedarse quieto. La próxima vez, no se fíe de Hacienda. Ni de ninguna otra Administración Pública. Lo que llaman “principio de legalidad” no es otra cosa que derecho a abusar de usted y de su dinero.
