Preparación de cuestión de inconstitucionalidad de la legislación procesal

Compren este producto para que colaboremos con ustedes en la elaboración de una solicitud de cuestión de inconstitucionalidad y recurso de amparo ante cualquier juzgado o tribunal por la aplicación efectiva en cualquier pleito de normas que hayan sido modificadas por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. La explicación de por qué procede la solicitud la encontrarán abajo.

Las normas procesales que se contienen en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que aprueba medidas “urgentes” en materia de servicio público de justicia, ha provocado un efecto perverso: sus normas no son de aplicación inmediata, sino diferida. Es fácil comprobar en el propio BOE que la modificación legislativa no entra en vigor hasta meses después de su publicación oficial. “NO VIGENTE AÚN” es el aviso del BOE en todos los textos consolidados. Estamos ante una reforma procesal que pudo haberse hecho sin problemas por el procedimiento legislativo ordinario. Lo que es inconstitucional, porque es constante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con arreglo a la cual las medidas incorporadas a un Real Decreto-Ley que no son de aplicación inmediata, son inconstitucionales. Por ejemplo:

  • La STC 31/2011, de 17 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el artículo 43 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, porque no era de aplicación inmediata, sino diferida.
  • La STC 70/2016, de 14 de abril, declaró la inconstitucionalidad de la redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, al art. 7.1.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, porque la modificación introducida no innovaba la regulación por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, sino que era una mera mejora técnica en la normativa ya existente.

El efecto que se produce es que cualquier abogado en cualquier juzgado o tribunal que aplique cualquiera de las normas procesales que se contienen en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, puede solicitar el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad y paralizar el pleito, una vez éste tramitado íntegramente, durante más de un decenio, hasta que el Tribunal Constitucional tenga tiempo de resolver. Más aún: los jueces y tribunales de oficio, sin que las partes lo pidan, pueden generar el mismo resultado. Cuyo efecto es exactamente el contrario de lo que se necesitaba. Y si el juez o tribunal no plantea la cuestión de inconstitucionalidad, siempre cabe a la parte alegar el derecho fundamental, recurrir en amparo y generar una “autocuestión” de inconstitucionalidad. Compren este producto para que colaboremos con ustedes en la elaboración de una solicitud de cuestión de inconstitucionalidad y recurso de amparo ante cualquier juzgado o tribunal por la aplicación efectiva en cualquier pleito de normas que hayan sido modificadas por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. La explicación larga la pueden encontrar haciendo click aquí.