Premios de lotería española ganados por no residentes

Non-residents in Spain who win lottery prizes, for example when playing online, do NOT have to pay 20% non-resident income tax. Spanish law requires them to pay, but international conventions prevent this. Abnormally, the law requires them to pay and then ask for a refund. We think that this is unlawful because the agreement prevents withholding to the same extent that it exempts from taxation. If you are a non-resident and you have won the Spanish lottery, contact us. We will defend you.

Los no residentes en España que ganen premios de la lotería, por ejemplo cuando juegan on line, NO tienen por qué pagar el 20% de impuesto sobre la renta de no residentes. La ley española les obliga a pagar pero los convenios internacionales lo impiden. Anómalamente, la ley les obliga a pagar y a pedir luego la devolución. Nos parece que esto es contrario a Derecho porque el convenio impide la retención en la misma medida que exime de tributación. Si usted es no residente y le ha tocado la lotería española, póngase en contacto con nosotros. Le defenderemos. 

Nicht in Spanien ansässige Personen, die Lotteriepreise gewinnen, beispielsweise beim Online-Spielen, müssen KEINE 20% inländische Einkommenssteuer zahlen. Nach spanischem Recht müssen sie zahlen, aber internationale Konventionen verhindern dies. Ungewöhnlich schreibt das Gesetz vor, dass sie zahlen und dann eine Rückerstattung verlangen müssen. Dies scheint uns gesetzeswidrig zu sein, da die Vereinbarung das Zurückhalten in dem Maße verhindert, in dem sie von der Besteuerung befreit ist. Wenn Sie nicht ansässig sind und die spanische Lotterie gewonnen haben, kontaktieren Sie uns. Wir werden Sie verteidigen.

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    El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

    El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

    La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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