Los españoles no confían en los juzgados

Los españoles no confían en los juzgados y por tanto no van al concurso de acreedores. Se ponen de acuerdo con sus acreedores y ya está. Eso es lo que está pasando. No es la moratoria. Es la desconfianza.

Para salir adelante sólo les queda Hacienda y la Seguridad Social. Que son los dos grandes malvados que nunca perdonan deuda. O cobran el impuesto con intereses y apremios antes que cualquier otro acreedor, o se lo cobran (derivan) al administrador, o se lo cobran (derivan) a un tercero. No perdonan nada y se aprovechan de que por todos es conocido que ir al concurso es más caro que esforzarse pagar Hacienda. El precio es dejar a los demás acreedores detrás de Hacienda, ponerles los últimos. Porque ellos no tienen preferencia ni pueden ir a la vía de apremio.

Eso, si no hay concurso. Si además hay concurso, el crédito de las Administraciones Públicas es privilegiado, por lo que cobran otro impuesto, esta vez a los demás acreedores, porque las Administraciones Públicas no llegan a ningún acuerdo, no perdonan nada. Cobran los primeros y lo que les falte se lo sacarán a quien corresponda por la vía de la derivación de deudas. No son acreedores como los demás. Los fondos buitre tienen menos medios.

Debería ser exactamente al revés, porque Hacienda y Seguridad Social son los que más medios han tenido para cobrar la deuda durante el periodo ordinario, y cuando llegan situaciones extraordinarias, como la pandemia, son los que más medios tienen para perdonar deuda a quienes necesitan pagar menos impuestos para salir adelante.

El socialismo es así. Aprovecha el pésimo funcionamiento del sistema de juzgados para incrementar la presión fiscal y social sobre los empresarios. Pero recuerden, es el socialismo de todos los partidos. Porque este sistema no lo trajo el PSOE. Lo trajo el PP.

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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