La notificacion de la ampliación de las actuaciones inspectoras ha de comunicarse antes de los 12 meses y si no se abre la puerta a la prescripción

Aunque parezca mentira, es frecuente que durante una comprobación tributaria complicada, que además suelen ser las de mayor cuantía, la inspección se olvide de notificar la ampliación de las actuaciones inspectoras a otros conceptos o periodos tributarios.

Otras veces lo que pasa no es que se olviden, sino que se dan cuenta de cualquier posible anomalía cuando el plazo está para acabar o cuando están ya liquidando.

El resultado es que notifican la ampliación de las actuaciones tributarias a los nuevos conceptos o periodos pasados los 12 meses previstos en la ley para la duración del procedimiento. Y para soslayar el problema, imputan al contribuyente las dilaciones que sean, y así la inspección tiene el plazo por cumplido y en paz.

Para mayor felicidad de contribuyentes sujetos a inspecciones en marcha o recurridas, damos noticia de la Resolución del TEAC de 5 de marzo de 2014 en la que señala que LA INSPECCIÓN NO PUEDE ACOGERSE A NINGUNA DILACIÓN. En síntesis: el cómputo del plazo se hace fecha a fecha, a contar del día del inicio de la inspección.

La ventaja de este sistema es que SE PUEDE PRODUCIR LA PRESCRIPCIÓN porque el procedimiento ampliado no queda interrumpido por la notificación de la AEAT y ahí hay mucho ahorro en dinero: la AEAT se queda a dos velas por un error formal.

En “COELLO DE PORTUGAL, ABOGADOS” somos muy buenos recurriendo liquidaciones tributarias derivadas de inspecciones, y encontramos con facilidad todos los defectos formales que puedan existir. Si tienen dudas, no dejen de confiar en nosotros.

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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