La muerte civil del contribuyente y la impunidad administrativa de los inspectores.

26/11/2021

Los inspectores de Hacienda, reunidos en congreso, han propuesto la MUERTE CIVIL de los contribuyentes que, según su criterio, sean defraudadores.

La muerte civil es una pena accesoria a la pena de muerte o a la condena a prisión perpetua. Fue abolida en toda Europa ya en el siglo XIX.

No tengo duda alguna de la inconstitucionalidad de toda forma de muerte civil, dado que es un tipo de pena que prescinde de la dignidad de la persona. También los condenados a penas de prisión tienen derechos fundamentales. No estamos ante la muerte civil, sino ante el asesinato civil de contribuyentes por funcionarios. El arma es la presunción de legalidad.

La propuesta está del todo fuera de lugar. Pero da pie para valorar qué hacer con los inspectores, no con los defraudadores.

La primera cuestión es que, si el celo de los funcionarios de la AEAT es represor, y lo manifiestan colectivamente, está claro que sujetos a inspección se enfrentan con una organización, la AEAT, en la que la aplicación efectiva del Estado de Derecho está sesgada por la tendencia ideológica de los funcionarios que aplican las leyes. Si sus propuestas no son sólo inconstitucionales sino propias de un Derecho superado hace dos siglos, cualquier ciudadano sujeto a inspección habrá caído más en una trampa que en manos del principio de legalidad.

Documental VETADO EN LAS PLATAFORMAS sobre los abusos de la AEAT. ¿Tienen las plataformas MIEDO dr la AEAT? Sí. Y también los bancos, las eléctricas, las petroleras, las tecnológicas… Y USTED. ¿Y eso por qué? ¿Tienen algo que ocultar? No. Tienen miedo porque frente a los abusos de la AEAT no hay remedio. Ese es el problema. “Si quiere, que recurra”. Ya verá…

La segunda cuestión es que no hay igualdad de armas. ¿Qué le pasa a un funcionario que levanta un acta de 900 millones de euros y luego ésta es anulada? No le pasa NADA. El ciudadano es insertado y vejado mediante una lista de morosos, aunque la resolución no sea firme. El funcionario que comete errores millonarios que cuestan centenares de miles de euros al Estado se va a pescar o a jugar al golf. Para mí es mucho más importante la sanción al funcionario que levanta actas infundadas que la lista de morosos.

La tercera cuestión es qué pasa con los incentivos económicos que integran el sueldo de los funcionarios. Estos incentivos dan lugar a liquidaciones y recaudaciones sin sentido. Queremos transparencia total en el sueldo de los funcionarios de la AEAT. ¿Cuánto se lleva el inspector del acta que recauda? Es la eterna pregunta sin responder. ¿De verdad un inspector que cobra por levantar actas tiene valor para añadir que el inspeccionado además debe morir civilmente?

La cuarta cuestión son los “tribunales” económico-administrativos. Con este tema llevo años predicando en el desierto, pero hoy la Prensa viene en mi ayuda señalando que la duración media de una reclamación económico-administrativa son más de 7 años. Es decir: el funcionario te mata civilmente y luego 7 años después te revive. Ese es el régimen que tenemos.

Si quiere saber por qué frente a la AEAT no hay recurso alguno, vea este video.

A esto hay que añadir que el índice de estimación de las reclamaciones económico-administrativas es de más del 50% en general, y superior aún para las sanciones. ¿Me puede alguien explicar cómo se puede resucitar civilmente, al cabo de 7 años, al muerto que asesinó un funcionario liquidador (nunca mejor dicho)?

Después está el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Es mentira que en los Tribunales Superiores de Justicia y en la Audiencia Nacional haya igualdad de partes. No la hay ni en el procedimiento, ni en las costas, ni en las resoluciones, ni en la tramitación, ni en el expediente, ni en las presunciones, ni en el estatalismo característico de los magistrados que sirven aquí, ni en nada. Hay que acabar con el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Encima, esos mismos que proponen la muerte civil del contribuyente, en vía penal -y esto ya es el colmo- tienen presunción de veracidad. Primero porque para la elaboración del acta y de las liquidaciones los ciudadanos han tenido que colaborar autoinculpándose y entregando documentación. Y luego porque el inspector cuando declara en la Audiencia Provincial no es considerado un tipo que busca la muerte civil del inculpado, sino alguien que ha operado con objetividad. Ya han visto con qué objetividad.

Se puede seguir mucho rato. Resulta que la muerte civil del contribuyente no se produce con la Sentencia firme, sino con la resolución administrativa definitiva en vía administrativa. Si es inconstitucional el “solve et repete” y tal cosa se palía -en teoría- con el aval, y eso sólo el que lo pueda conseguir, la muerte civil es sin paliativos y por tanto inconstitucional como medida, porque va más allá del “solve et repete”: se convierte en “muérete y reclama”. ¿Y cómo reclama un muerto? No puede ni reclamar porque… no tiene derechos. Ha sido asesinado civilmente por la AEAT.

En fin, la muerte civil es contraria al derecho al trabajo. Si por ejemplo un futbolista es asesinado civilmente, como no tendrá NIF, se verá obligado por la AEAT a jugar gratis. Siendo así que el derecho al trabajo, aunque sea para pagar las deudas a la AEAT, es un derecho fundamental, no termino de ver cómo la muerte civil es una solución.

La muerte civil del contribuyente no es una idea nueva. Es una idea que viene del infausto Zapatero, que ya en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal que con la revocación del NIF generó la muerte civil de las personas jurídicas. Siempre he dicho que la retirada del NIF es inconstitucional. Ahora van a por las físicas.

Todas estas consideraciones no son sin importancia. España es, en mi experiencia, un Estado del que los grandes inversores están huyendo despavoridos, y recomendando a sus amigos que se marchen, no por la presión fiscal, sino por la inseguridad jurídica que trae causa de las actuaciones de la AEAT. Los inspectores se han convertido en los que dictan la Ley General Tributaria y la elaboran a su gusto. Son un poder sin contrapoder y sin responsabilidad, incentivado para la liquidación cuando menos absurda. Así nos va.

Así que prepárese. Si le llama el inspector, y de verdad se cree que está ante un sujeto objetivo que va a atender sus razones, es que no ha tenido experiencia en estas lides. Usted no vive en un Estado de Derecho fiscal. Vive en el falso mundo de “Hacienda somos todos”. Pero el verdadero lema de la AEAT es “si quiere que recurra”. Ahora dan un paso más: “y mientras recurre, lo matamos”.

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

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La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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