La ley orgánica 5/2021, de 22 de abril, es inconstitucional.

La Ley orgánica 5/2021, de 22 de abril, que deroga el 315.3 del Código Penal (coacción por piquetes) hace ver ella misma en su exposición de motivos por qué es inconstitucional.

La exposición de motivos determina la interpretación. Expone cuál es la causa de la ley.

Resulta que la causa de la ley es la revolución. La revolución no está en la Constitución. Lo que está en la Constitución es el derecho al trabajo. Que, por medio de esta reforma, se vacía de contenido, en la medida que se permite la coacción por piquetes.

Como la propia ley explica en su exposición de motivos, no estamos volviendo a una situación anterior, en la que este delito no existía, sino que estamos implantando la revolución.

De este modo queda sin garantizar el derecho al trabajo de los que no quieran hacer huelga.

Los revolucionarios que nos gobiernan se han pegado un tiro en el pie, porque hacen ver que buscan que no se respete la Constitución misma.

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

El TJUE sentencia a medias sobre la suspensión de los contratos administrativos

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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