El sometimiento de las operaciones de control societario de las sociedades que cotizan en los mercados de valores es una vieja cuestión, que ya se planteó en 2002 en parecidos términos para evitar que las empresas privatizadas pasasen a manos extranjeras (“golden share”). Rodrigo Rato lo arregló muy bien en beneficio de los accionistas minoritarios. Pero ahora lo que está pasando es pura socialización: “exprópiese”. El gobierno, con base en una norma dictada sólo para la pandemia y con la exclusiva finalidad de evitar los efectos de ésta, se apropia sin indemnización, mediante un decreto-ley, del derecho de los accionistas minoritarios a cambiar el control de las empresas cotizadas, declarándolas estratégicas. Y luego, “si quiere, que recurra”. Es como cuando tienes una casa valiosa, porque está diseñada por un artista célebre, y te la declaran BIC, o sea, te la expropian sin indemnización, “para disfrute del Pueblo” (que nada paga).
Los recursos que se planteen por la vía interna contra la aplicación de este Decreto-ley no van a ninguna parte: tardarán mucho y los jueces, que son más socialistas que los políticos, difícilmente le darán la razón.
Esto hay que llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por eso quienes padezcan esta desdicha están de suerte, porque para casos como este hay ya bastantes precedentes jurisprudenciales. Si es accionista de Talgo o de Telefónica llámenos (915767979) o use el WhatsApp.
