Xavier Gil Pecharroman ha entendido perfectamente cuál es el problema jurídico que se plantea en la actualidad en el sistema constitucional democrático español.
Es muy sencillo: con una estado de alarma prolongado el Gobierno tiene a su disposición los decretos-leyes, el decreto de alarma, y además las órdenes quee surgen del propio decreto de alarma, con lo cual, por la sencilla vía de dictar órdenes ministeriales, nos encontramos con que nuestras libertades se ven reducidas sistemáticamente.
La teoría es que la Constitución nos protege de todo eso, que es una forma de dictadura evolucionada, y que tendría un límite o un freno en la posición del Tribunal Constitucional.
Lo cierto es que tal cosa no existe, porque el Tribunal Constitucional en tiempos de pandemia no se reúne; cuando se reúne es para resolver temas de hace 10 años; los temas de hace 10 años que examina son cuestiones relativas a Cataluña o cosas así. Y no se pone manos a la obra a examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el primer estado de alarma, que es lo que tiene que hacer.
En mi opinión, el gran problema constitucional que tiene España ahora no es el gobierno, que al final no hace más que utilizar las armas que se le dejan, por mucho que lo haga con mala fe socialista y parcialidad de clase. El problema es qué el Tribunal Constitucional es completamente inoperante y que nuestras libertades no son protegidas de modo efectivo.
En España el tribunal que más lesiona la tutela judicial efectiva es el Tribunal Constitucional. No hay en España ningún tribunal con más dilaciones indebidas.
