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“Si quiere que recurra” o IN DUBIO TE ARREO

Un gran Abogado del Estado, que durante mucho tiempo presidió como Consejero permanente de Estado la Sección de Hacienda, tenía la costumbre de bromear indicando que los principios más importantes de la Hacienda Pública eran el conocido “solve et repete” y el menos conocido pero más cierto “in dubio te arreo”. Se podría pensar que eran sólo bromas, y que por tanto a día de hoy esas expresiones se han quedado en latinajos de opositor porque estamos ante usos muertos, prácticas desterradas, cosas de la Hacienda “franquista”. Nada de eso: igual que el ave fénix, las malas prácticas nunca mueren. Siempre hay alguien servilmente fiel a los objetivos de recaudación al que no le importa el Derecho. El principio “in dubio te arreo” no sólo no ha muerto sino que ha renacido, ahora sin latines y en puro español: ahora se dice “si quiere que recurra”. Se trata de un género de la misma especie, pero al final es lo mismo: una excusa para ganar productividad personal a base de cumplimiento servil de objetivos pero practicado a costa del Derecho e impuesto –perdón, insinuado− desde arriba.

En teoría, la Administración, y por tanto los funcionarios, incluidos los partidarios del apotegma “si quiere, que recurra”, están sometidos a la ley y al Derecho. Lo que hay que pensar es que,  cuando están en la oficina (de 8 a 15 horas),  sirven con objetividad a los intereses generales y todo lo que resuelven está arropado en el manto de la presunción de legalidad: su actuación se presume jurídicamente correcta. Y por tanto sus actos son inmediatamente ejecutivos. Y más todavía: lo que afirman ser verdadero se presume cierto salvo que –y es raro que suceda, y más en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid− a veces algún Tribunal admite prueba en contrario. La ley parte de la base de que no queda ya ningún funcionario del tipo “in dubio te arreo”.

Y por eso cada vez hay más. El género “si quiere que recurra” se ampara en que los funcionarios también están legalmente sujetos a los principios de eficacia y jerarquía. Y la “eficacia” recaudatoria pasa porque no se escape nadie. O mejor, que no se escape nada. Y “jerarquía” quiere decir que cuando el Ministro toca a rebato hay que llenar las arcas. No hay que hacerlo como sea pero “si quiere que recurra”. Y ahí empiezan los problemas para el principio de legalidad.

Resulta que los funcionarios se equivocan más de la mitad de las veces.En 2010 (son las últimas cifras disponibles) se resolvieron 164.000 reclamaciones económico-administrativas y de éstas se estimaron 60.062 reclamaciones. Esto quiere decir que el 36% de las actuaciones supuestamente legales de los funcionarios no eran tales: un 36% de casos agudos de “arreo”. Pero eso no es todo: de las 164.000 reclamaciones resueltas, otro 15% (24.547 reclamaciones) no fueron confirmadas. Lo que quiere decir que sólo eran correctos 79.391 casos de los 164.000 resueltos. En porcentajes, resulta que en 2010 cuando un ciudadano solicitó revisión de la actuación de Hacienda, se le estimó en el 52% por ciento de las veces: sólo era correcto el 48% de lo que hizo Hacienda. En algún impuesto el porcentaje es más sangrante todavía: en 201

0 se resolvieron por toda España un total de 30.773 reclamaciones por indebida aplicación el impuesto de transmisiones patrimoniales y se estimaron 19.081, esto es, el 62 por ciento ¿De verdad era una broma eso de “in dubio te arreo”?

La broma es pesada. Sobre todo para el contribuyente que tuvo que dormir mal durante casi 4 años. Porque usualmente la resolución llega al cabo de casi cuatro años, esto es, al borde de la prescripción. El tribunal económico-administrativo centralen su última memoria no informa de la duración media de una reclamación pero la experiencia es la citada. Resulta además injusto que al funcionario autor del desaguisado, que ha dormido estupendamente durante esos mismos 4 años, no le pase nada. Dejando aparte que los programas de incentivo salarial de los funcionarios de la AEAT, destinados a ya se ha visto qué tipo de “eficiencia”, no son públicos, a los funcionarios cuyas resoluciones anulen o modifiquen los tribunales económico-administrativos, les tiene que pasar algo. Porque no les pasa nada y eso es parte del problema.

Ante semejante porcentaje de ineficiencia queda demostrado que el principio de presunción de legalidad aplicado al ámbito tributario debe revertirse. Si más de la mitad de las veces que se recurre ante un “tribunal” económico-administrativo el contribuyente lleva razón, resulta injusto que sus los actos administrativos de la AEAT sean ejecutorios. Estoy seguro de que ningún legislador, y menos los actuales, repararán las injusticias referidas. No lo han hecho nunca. Pero por lo menos me doy el gusto de proclamar que la pretensión académica y la presunción legal de que la Administración tributaria dice siempre la verdad y actúa conforme a derecho, estadísticamente es mentira. El único principio válido en la Administración, con Rato, Solbes, Salgado o Montoro, es “in dubio te arreo”.

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Es inadmisible que los “Acuerdos” de los Tribunales sustituyan a las leyes

Lo de los acuerdos de los jueces ha pasado a ser de chiste. En materia de hipotecas hay varias leyes aplicables. La Ley Hipotecaria. La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Hay varios Reglamentos aplicables. Sobre todo, el reglamento hipotecario. Pero llegó el Tribunal Supremo y se inventó un derecho hipotecario nuevo fundándolo en el derecho de los consumidores, algo que no estaba más que en la imaginación de los demandantes. Hasta ahí, vale. Hay que acatar las decisiones de los jueces. Pero es que ahora llegan los magistrados de provincias y se ponen a generar derecho nuevo aplicando en su pueblo criterios locales, que formalizan en acuerdos, en los que determinan cuál el régimen de las hipotecas. Creo que los jueces hace mucho tiempo que se salieron de su sitio. Pero esto de los acuerdos con efecto normativo generando derecho civil o procesal cuyo origen es el acuerdo de una Audiencia Provincial es un abuso de derecho. Véase el Acuerdo de la Audiencia Provincial de Cádiz de 3.11.2017 regulando el efecto retroactivo de la cláusula suelo sobre el ejecutado tras la liquidación, el vencimiento anticipado en el caso de préstamos personales, las condiciones de admisibilidad de demandas contra los ignorados ocupantes de un inmueble, los efectos de la retroactividad de la ineficacia de la cláusula suelo en supuestos de novación cuando la cláusula originaria era nula y la novada válida y hasta cuestiones que están en la LEC como los efectos que debe producir la omisión del traslado de copias conforme a los artículos 276 y 277 de LEC. En suma: es INADMISIBLE que los acuerdos de los Tribunales sustituyan a las leyes.

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La Generalidad de Cataluña es responsable de los daños causados por sus dirigentes

Como ha dicho el Rey, han confirmado los Tribunales, ha señalado el Gobierno y ha ratificado el Senado, la Generalidad de Cataluña ha lesionado gravemente los intereses generales. Pero también ha lesionado LOS INTERESES PARTICULARES. Es decir, los de usted.

Usted tiene derecho a reclamar a la Generalidad de Cataluña el daño causado. Se llama “responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración”. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Generalidad de Cataluña de toda lesión que hayan sufrido en cualquiera de sus bienes y derechos, porque el daño ha sido consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. Tan anormal que ha sido ilegal.

La Generalidad tiene además diversos contratos de seguro, que cubren sus responsabilidades.

Y la Generalidad es responsable civil subsidiaria de los delitos de rebelión y/o sedición y/o desobediencia y/o usurpación de funciones públicas que hayan podido cometer sus autoridades o funcionarios.

Si usted ha tenido que trasladar su empresa y con ello no sólo ha tenido que pagar Notario y Registrador, sino que además tendrá que pagar indemnizaciones a los trabajadores por traslado; nuevos alquileres; cerrar alquileres que tenía concertados; pagar transportes; amortizar anticipadamente la maquinaria; comprar maquinaria nueva o cualquier otro gasto causado por las ilegalidades cometidas por la Generalidad, tiene derecho a ser resarcido de todo lo que usted ha gastado (es lo que los abogados llamamos “daño emergente”).

Además tiene derecho a reclamar la pérdida de ingresos estables y recurrentes que pueda probar que ha dejado de tener (es lo que llamamos “lucro cesante”) lo cual es más difícil de probar pero para nada imposible.

Si quiere que estudiemos su caso, llámenos al 91 5767979, pónganos un correo electrónico a responsabilidadgencat@coellodeportugalabogados.com o directamente utilice el formulario que consta abajo.

El coste de nuestro estudio para examinar si su reclamación es viable es 100 euros IVA incluido. Si es viable, le haremos una oferta personalizada. Coja el teléfono. Llámenos. Estamos a su disposición. O más rápido: solicite nuestro estudio utilizando el carrito de la tienda:

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¿Es usted socio minoritario? ¿No recibe dividendos? Pues tiene derecho a que la sociedad le compre su participación A VALOR DE MERCADO

Si usted es socio minoritario y no recibe ningún dividendo de la sociedad ¿para qué quiere seguir en ella? Le conviene saber que a partir del 5º año de vida la sociedad, todo socio tiene derecho que se distribuya por lo menos un tercio de los beneficios de explotación del ejercicio anterior. Lo único que se le exige es que vote en la junta a favor de los dividendos. Y si no se reparten, tiene derecho de separación. Eso quiere decir que tiene derecho a que la sociedad le compre su participación a valor de mercado. El valor de mercado lo determina, a falta de acuerdo (y casi nunca lo hay) un auditor nombrado por el Registro Mercantil al que paga la compañía. A usted le sale gratis. Pero ojo: tiene que votar en la junta (usted o su apoderado) y tiene el plazo de un mes a partir de la junta para ejercer este derecho. Si no, hasta el año que viene. Utilice el formulario de la tienda para que estudiemos su caso.

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Contáctenos para saber si ha pagado unos 10.000 euros de más al comprar su camión

Usted puede haber pagado unos 10.000 euros de más por cada camión. La Comisión Europea ha sancionado a bastantes fabricantes de camiones de más de 6 TM por aplicar sobreprecios. Ha publicado recientemente una Decisión por la que afirma la existencia de un cártel o agrupación ilegal de empresas con el objetivo de pervertir el mercado mediante la aplicación concertada de sobreprecios en la venta de camiones. Ha constatado estas prácticas fraudulentas en los vehículos de más de 6 TM de peso en vacío vendidos entre los años 1997 y 2011 por los fabricantes de las marcas DAF, DAIMLER-MERCEDES, IVECO, MAN y RENAULT-VOLVO. La actuación contra mercado les ha supuesto a estas compañías una multa superior a los 3.000 millones de euros, y la obligación de indemnizar a los adquirentes de los vehículos el importe repercutido a través de prácticas colusorias. Pinche aquí para conocer con exactitud la noticia. Los perjudicados son los compradores de vehículos nuevos, bien directamente, o bien a través de figuras de financiación o de arrendamiento financiero (leasing), quienes pueden tener derecho a obtener hasta un 20% del valor de adquisición del vehículo. SI SU EMPRESA SE ENCUENTRA EN ESTA SITUACIÓN LLÁMENOS AL 91 5767979 O UTILICE EL CARRITO DE LA TIENDA.

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El Tribunal Supremo permite reclamar retroactivamente intereses por los pagos a subcontratistas concertados a más de 60 días

subconstratistaEn Sentencia de 23.11.2016, el Tribunal Supremo, Sala Primera, ha declarado que son nulos de pleno derecho los pactos que excedan los 60 días para el pago a las subcontratas establecido para el abono de las facturas en los contratos de obra porque infringen lo establecido en el Código Civil. Los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tienen carácter imperativo para las partes y los pactos que excedan de 60 días naturales son nulos de pleno derecho por contravención del artículo 6.3 del Código Civil. La sentencia tan solo exceptúa los supuestos de contratación que comporten procedimientos de aceptación o comprobación que verifiquen la conformidad del bien fabricado o el servicio prestado. En estos casos el plazo puede ser de hasta 90 días naturales. La Sentencia añade que el subcontratista puede reclamar aunque no haya impugnado previamente el contenido abusivo de la cláusula contractual o la haya aceptado parcialmente, porque el subcontratista es la parte débil en la relación jurídica y no tiene por qué aceptar el abuso de que resulta objeto por parte del contratista principal. Y mucho más todavía: a partir de los 60 días se cobra el interés de la ley de morosidad, que es muy superior al interés legal. Esta Sentencia en la práctica supone permitir a los subcontratistas reclamar retroactivamente intereses muy grandes por retrasos en los pagos a partir de los 60 días. Si quiere reclamar, póngase en contacto con nosotros en el 91 5767979 o rellene el formulario adjunto:

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Su dirección de correo electrónico (obligatorio):

Su teléfono (obligatorio):

Importe que le debe el contratista principal (obligatorio):

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La ilegalidad de la tasa sobre cajeros automáticos (Ayuntamiento de Madrid)

cajeroEl jueves 13 de octubre de 2016 el Ayuntamiento de Madrid ha creado la “tasa Carmena” sobre cajeros automáticos, técnicamente denominada “Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por el uso de cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras”. Como los errores jurídicos que contiene son muchos, vamos a analizar algunos. Les recordamos que llevamos muchos recursos fiscales a mucha gente. Nos encanta litigar contra el Ayuntamiento de Madrid.

La tasa se funda –dice la Ordenanza− en los artículos 4 y 106 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). Y constituye el hecho imponible el aprovechamiento especial del dominio público local por la realización de operaciones bancarias en los cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras situados en línea de fachada de los inmuebles respectivos y a los que únicamente se tiene acceso directo desde la vía pública.

Esto es una barbaridad, porque el artículo 20.3 de la LRHL establece que las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Pero los cajeros automáticos NO están en el dominio público local, sino en el edificio particular. Quien usa de modo privativo el dominio público local al sacar dinero, es el ciudadano que está sobre la acera. Y resulta que “estar sobre la acera” no es utilizar el dominio público local de modo privativo, porque entonces todo el que está fumando un cigarro sobre un banco podría ser objeto de tasa por ocupar de modo exclusivo el asiento que el propio Ayuntamiento pone a su disposición.

carmena-y-carmonaTienen que pagar la tasa −son sujetos pasivos− las personas físicas o jurídicas o entidades que resulten especialmente beneficiadas por el aprovechamiento especial del dominio público. Y dice la Ordenanza: “a los efectos anteriores, se consideran, en todo caso, especialmente beneficiados los titulares de las entidades financieras donde se encuentran instalados los cajeros automáticos”. O sea, el Ayuntamiento quiere cobrar a los bancos, pero no a los ciudadanos. Esto es un error jurídico monumental, porque los beneficiados por el cajero no son quienes sueltan el dinero (los bancos) sino las personas que sacan el dinero. Y esto por dos razones. La primera, porque el banco no es beneficiado por el cajero, sino perjudicado, ya que pierde pasivo (le “sacan” el dinero). Y la segunda, porque –por efecto de las inexorables leyes de la física− quien materialmente ocupa el dominio público de modo exclusivo, es el ciudadano, no el banco.

Como a quienes quieren cobrar es a los bancos, la tasa no se devenga cada vez que alguien saca dinero, sino que la Ordenanza le saca el dinero a los bancos el primer día del año natural: un tanto alzado por cajero, que consiste en una cantidad fija anual por cajero automático instalado en línea de fachada con acceso directo desde la vía pública, que además no es igual para todos, sino que vendrá determinada en función de la “categoría fiscal” de la calle en la que se ubica. O sea, transitar por el barrio de Salamanca es más caro que transitar por Leganés. Es un modo de reconocer que la pobreza va por barrios. En las calles de “primera categoría”, los cajeros pagan 742,22 euros al año. En los barrios de renta media, 541,98 euros por año. Y así, según la siguiente escala: 742,22 €, 541,98 €, 360,34 €, 235,66 €, 153,88 €, 100,60 €, 62,22 €, 40,42 €, 26,21 €.

Esto es otra barbaridad, porque la base imponible queda en manos del Ayuntamiento: según en qué calle te clasifiquen, el banco paga más o menos. Pero el principio de legalidad revienta, porque la Ordenanza no señala ningún criterio objetivo para determinar cuando el barrio es de ricos y cuándo es de pobres. Además, le queda al Ayuntamiento la ardua tarea de justificar por qué estar parado en la acera de un barrio rico es más caro que estar parado en la acera de un barrio pobre.

carmena-2Desde el punto de vista de la lógica social, no tiene mucho sentido que se incrementen los costes de los barrios pobres. Los ricos, seguirán sacando dinero del cajero sin ningún problema. Pero a los pobres les quitarán los cajeros y éstos tendrán que ir a sacar dinero… a los barrios de los ricos.

Porque, además y por encima de las irregularidades jurídicas de la tasa, resulta del todo absurdo que el Ayuntamiento grave a los ciudadanos con una tasa que incremente sus costes para nada. Es verdad: se supone que van a pagar los bancos. Pero ya se lo adelanto yo: los bancos no van a pagar NADA. Es el Ayuntamiento el que va a pagar. Esta Ordenanza al Ayuntamiento le va a costar dinero. La razón es sencilla:

La Ordenanza con toda seguridad –tendríamos mucho gusto en ocuparnos del asunto− va a ser objeto de recurso directo ante los Tribunales. Para cuando llegue el 1 de enero de 2017, que es cuando se aplicará por primera vez, los Tribunales no habrán resuelto. Así que la tasa se liquidará. Se prevén recaudar 745.405 euros anuales. Los bancos lo pagarán, y además recurrirán las liquidaciones. También tendríamos mucho gusto en ayudarles en esto. Cuando vayan llegando las Sentencias, que aventuramos estimatorias, habrán pasado 2 años por lo menos. Siendo el resultado que el Ayuntamiento tendrá que devolver el dinero a los bancos más el interés legal. Como el interés legal es el 3%, el Ayuntamiento tendrá que (i) devolver los 745.405 euros; (ii) pagar 745.405 euros * 0,03 = 22.362,15 euros de intereses; (iii) pagar las costas de todos los procedimientos y (iv) asumir los costes incurridos en la gestión de una tasa nula: se ha gestionado para nada.

Lo sentimos por el Ayuntamiento de Madrid, pero estos pleitos va a perderlos. Nos tememos. Suerte la próxima vez que se les ocurra alguna Ordenanza nueva.

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¿Se ha quedado sin la vivienda y sin el anticipo? A veces es posible recuperar el dinero pagado.

ruinaHa surgido cierta escandalera por el hecho de que los bancos tengan que responder de los dineros depositados por promotoras quebradas que habían solicitado anticipos (“señales, arras”) a los compradores.

El caso es frecuente: un comprador suscribe con una promotora un contrato de opción de compra, o paga unas arras, o da una señal o −como como quieran llamarlo− entrega un anticipo para comprar una vivienda. En su caso se van entregando más cantidades a cuenta del precio final. La promotora va ingresando el dinero en el banco. Luego la promotora quiebra y el comprador se queda sin la vivienda (que no se construye) y sin el dinero (que lo tiene la promotora). ¿Se puede hacer algo?

Sí se puede. La ley 57/1968, que estuvo en vigor hasta el 1.1.2016, obligaba a casi todos los promotores de viviendas que recibieron dinero a cuenta de la construcción a percibir los anticipos en una cuenta bancaria especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, sin que el depositario pudiera disponer de este dinero para ninguna finalidad que no fuera la construcción de las viviendas, y a garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el seis por ciento de interés anual, mediante un contrato de seguro o por aval bancario solidario.

Además de estas obligaciones para el promotor, hay dos obligaciones para el banco: si el banco admite ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial, responde frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por éstos en cualquier cuenta abierta en ese banco. Y además, el banco queda obligado a exigir el seguro o el aval. Y si no hay seguro o aval, el avalista es él.

Por tanto, si se da el caso aunque la promotora haya desaparecido todavía se puede demandar al banco. Respecto de esta última obligación, el Tribunal Supremo ha sido muy claro: si se incumple en cualquier aspecto, el avalista es el banco. En términos técnicos: en las compraventas de viviendas que se rigieron por esta ley, las entidades de crédito que hayan admitido ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía, responden frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad.

La Ley 57/1968 ha sido derogada con efectos 1 de enero de 2016. Ahora los requisitos son otros. Pero si usted antes de esa fecha ha hecho pagos a promotores y se ha quedado sin la vivienda y sin el dinero, llámenos (91 5767979) o use el formulario siguiente:

Su nombre (obligatorio):

Su dirección de correo electrónico (obligatorio):

Su teléfono (obligatorio):

Importe total pagado al promotor (obligatorio):

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La planificación fiscal internacional, en riesgo

2016-09-02 06.53.07Las empresas, y mucho más si son grandes, y muchísimo más si son multinacionales, pagan mucho dinero a sus asesores fiscales. Éstos no son palurdos, sino gente muy bien formada cuyo trabajo es muy caro que dedica mucho tiempo y esfuerzo a formarse y a servir a sus clientes. Al cabo de su estudio, concluyen cómo procede tributar. Y los administradores de las sociedades toman sus decisiones sobre la base del asesoramiento recibido.

El asesoramiento se produce teniendo en cuenta el marco jurídico de la fiscalidad. Y en el caso de la fiscalidad internacional, teniendo en cuenta el marco jurídico de la fiscalidad internacional. Que está constituido por tratados internacionales.

Los tratados internacionales para evitar la doble imposición están firmados, de modo muy homogéneo, con carácter bilateral, por todos los países que integran la Unión Europea.

En uso de esos tratados, muchas multinacionales han recibido un asesoramiento específico que ha llevado la tributación de sus rendimientos, no a “paraísos fiscales”, sino a países miembros de la UE: Irlanda, Holanda o Luxemburgo.

Ahora la Comisión Europea no está conforme con los resultados de sus propias normas jurídicas y ha iniciado multitud de procedimientos de infracción por supuestas ayudas de estado derivadas de una baja tributación. En mi opinión esto es una barbaridad jurídica. Las razones que a vuelapluma se me ocurren son las siguientes:

Es un uso alternativo del derecho. Si lo que se busca es mayor tributación, no se pueden utilizar normas no fiscales. Normas de mercado.

Se perjudica la actividad normal de las empresas en el ámbito jurídico tributario. Si la cuestión fuera realmente tributaria, las empresas habrían podido o debido repercutir al precio final de sus productos ya fuera el mayor coste (impuesto sobre sociedades) ya el mayor precio (IVA). El resultado es que no paga quien tiene que pagar (el cliente final) sino la empresa, lo cual es fiscalmente absurdo.

No se castiga a quien realmente tiene la culpa. Son los Estados, no las empresas, los que firman los tratados de doble imposición. Por tanto, cuando se intenta recuperar el dinero lo que en la práctica se hace es castigar al inocente. El culpable es el Estado.

Se opera retroactivamente. Si el problema realmente es fiscal, se están imponiendo normas retroactivas de tributación. Por eso -claro- se dice que en realidad la cuestión no es fiscal, sino de mercado. Pero aquí es donde la pescadilla se muerde la cola. Para evitar lo que realmente pasa, que es la referida retroactividad normativa tributaria, se defrauda la norma.

Todo esto perjudica muy seriamente la credibilidad de la UE y en particular la de la Comisión Europea, que debe rectificar inmediatamente de criterio.

En mi opinión, los Estados Unidos deben activar inmediatamente un procedimiento de protección diplomática, tanto frente a la UE como frente a cada uno de los Estados. Por cada euro que las empresas americanas deban reintegrar, los Estados Unidos tienen derecho a exigir del Estado infractor, para esa misma empresa, el importe pagado.

Tiene razón Tim Cook. Estamos ante basura política (“political rubbish”).

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Contra los fondos buitre

Fondos BuitreSe denominan vulgarmente “fondos buitre” a los fondos de inversión que compran a muy bajo precio deuda impagada, normalmente bancaria, que luego reclaman al deudor. Algunos hacen la reclamación poniendo mucha presión sobre el deudor. Otros especulan con la deuda y simplemente la revenden. No es necesario que se trate de fondos: hay muchas clases de buitres; esto es, hay muchos compradores de deuda que no son fondos pero se dedican a lo mismo.

El llamado “buitre” no siempre es una mala persona. Por ejemplo: si compra 1.000 euros de deuda por 100 euros, y cuando el deudor le llama le ofrece cancelar su deuda (que es de 1.000 euros más intereses y costas) por 300 euros, no está perjudicando al deudor. La razón es clara: el deudor le debe 1.000 euros más intereses y costas, pero el “buitre” le ofrece liquidar la deuda por 300. La reducción es de más del 70% y por tanto el “buitre” no es tan “buitre”. Aunque se saca un 200% el deudor reduce su deuda. Los dos ganan. Quien de verdad ha perdido ha sido el banco. Que ya lo intentó todo para cobrar.

Es verdad que no obstante hay verdaderos “buitres”, que sí ponen presión para cobrar los 1.000 euros más intereses y costas. O sea, como en la parábola del evangelio (Mateo XVIII, 21-35) hay muchos que no tienen ninguna misericordia.

Tengan buen o mal corazón, los fondos “buitre”, y cualesquiera adquirentes de deuda ajena, si el vendedor del crédito (el banco en la mayoría de los casos) ha puesto pleito al deudor para cobrarle, tienen una obligación que además de moral es legal, y que está en el artículo 1535 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago”. Esto quiere decir que desde el momento en el que la adquirente del crédito (el fondo “buitre”) le reclame a usted el pago, si antes a usted le han puesto pleito, usted tiene derecho a poner un burofax a quien le reclama para exigir que a usted no se le reclame más que las cantidades anteriores.Si tiene cualquier duda, llámenos o utilice este formulario:

Su nombre (obligatorio)

Su dirección de correo electrónico (obligatorio)

Su teléfono (obligatorio)

Archivo con la reclamación que le formulan (obligatorio). Puede sacar una foto y mandarlo desde el móvil.

Archivo con la demanda que le puso el banco o quien fuera el acreedor (obligatorio). Puede sacar una foto y mandarlo desde el móvil.

Sus ideas (indíquenos cualquier otra cosa que se le ocurra y que considere útil para el caso)