El Gobierno español juega con dos barajas. Por una parte mantiene al partido de Unidas podemos sentado en la vicepresidencia y en varias carteras, y por otra parte le permite presentar proposiciones de ley por su cuenta y riesgo. En otras palabras, Unidos Podemos actúa de modo bifronte.
Ese bifrontismo le lleva a la expropiación legislativa. Última proposición de ley consiste en que sean los arrendadores los que paguen parte del alquiler del arrendatario. Esto puede parecer el mundo al revés, pero es de hecho lo que pasa.
Cuando al arrendador el obliga a bajar precios o a asumir parte del coste del arrendamiento de la vivienda, y en instrumento que se utiliza es la ley, ésta se convierte en una herramienta para la expropiación sin indemnización. No se expropia sino que se regula.
El Tribunal Constitucional desde hace muchos años ha calificado estas expropiaciones legislativas que generan cargas singulares como supuestos de indemnización quedan trecho a obtener el justo precio de lo que se ha perdido.
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