Las perplejidades de la ley de puertos de Murcia

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Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral
LAS PERPLEJIDADES DE LA LEY DE PUERTOS DE MURCIA
Sobre la prórroga de la concesión de Puerto Deportivo de base o invernada otorgada a Puertomenor, S.A. en el lugar del Estacio, La Manga del Mar Menor, San Javier, Murcia
Romana Editorial, 2018.

Un compendio de los defectos y problemas de la legislación murciana en materia de puertos.

Descripción

Del prólogo del libro:

El Estado autonómico funciona muy mal. Es muy caro. Tiende a favorecer el localismo, el amiguismo y el nepotismo. Y todo ello al final se traduce en una continua pérdida de calidad, porque el mercado se reduce y por tanto la competencia también. Es como si la liga de fútbol fuera sólo murciana, o sólo catalana, o sólo madrileña. El que empeora es el fútbol.

La pérdida de calidad no se produce sólo en la Administración sino también en las leyes. En España, para aplicar el Derecho −para ser juez o abogado− hay que licenciarse, hacer un master, aprobar una oposición. Para legislar basta con estar en una lista. El proceso electoral otorga legitimidad democrática, pero no sabiduría.

A esto se añade que las Comunidades Autónomas tienen demasiadas competencias. Todas. No sólo las nacionalistas. El otorgamiento de competencias en exceso, las continuas limitaciones a la “legislación básica” y las trabas jurídicas a las leyes “de armonización”, sólo han conseguido un sistema jurídico suficientemente complejo como para el caos esté servido. No se puede dar un paso sin un abogado y eso es un serio problema económico. Quiere decir que para invertir no hace falta esperar al pleito: la propia inversión es problemática.

Tantos son los defectos del sistema jurídico en materia de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que muchas Comunidades Autónomas −y este caso lo refleja− han optado por seguir el sistema del Estado. Tienen capacidad legislativa “autonómica” pero la usan para legislar diciendo “aquí vale lo que vale en el Estado”. Pero claro, este sistema chirría desde el principio, no sólo porque la legislación estatal “básica” es naturalmente incompleta, sino porque cuando las Comunidades Autónomas −la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o la que sea− quieren poner su guinda en el pastel, lo que acaba pasando es que las disposiciones no encajan bien porque la legislación básica está pensada para ser completada, y si se completa con una “remisión de vuelta” a la legislación del Estado, faltan piezas en el puzzle.

Si a esto se añade que además muchas veces quien legisla mal es el Estado (y este caso es paradigmático, porque la legislación estatal confunde las concesiones de dominio con las concesiones de obra) el efecto es desolador: la inseguridad jurídica, que acaba reclamando dictámenes como este para poder aclararse.

Estas cuestiones no son ni teóricas ni menores. Cuestan mucho dinero. No sólo a “Puertomenor, S.A.”, que ha tenido que pagar este dictamen, sino a la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cuando el marco legislativo no es claro; cuando las reglas son cambiantes; cuando las potestades administrativas son omnímodas y cuando las facultades discrecionales son la regla general, la inversión se retrae. No compensa poner dinero −millones de euros− en condiciones de incertidumbre, porque los Tribunales resuelven al cabo de decenios. Los Tribunales desde luego son parte del problema. Siempre le echamos la culpa a los Tribunales. Desde luego son tan lentos que si no existieran muchas veces no pasaría nada, porque muere el demandante antes de que llegue la Sentencia. Pero en casos como este, el problema es el legislador.

Los españoles, todos los españoles, tenemos que ser mucho más exigentes con la calidad de la tarea legislativa. El marco jurídico de la actividad económica es fundamental para el producto interior. Y sin producto no hay renta, porque no hay nada que vender. Sin renta no se puede vivir. Las leyes, también las autonómicas, pueden decidir lo que les venga en gana. Pero en condiciones de certeza. Resulta penoso que para determinar la duración de una concesión y para concretar cuáles son los términos de su prórroga haya que gastar dinero en abogados.

Ruego a Dios que bendiga a España. Y que parte de esa bendición sea que quienes adopten las decisiones públicas busquen la productividad, la renta y la eficacia económica. Y por tanto, la claridad expositiva. La seguridad jurídica. Las leyes bien hechas.

Madrid, a 13 de abril de 2018

Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral.