Publicado el

“SEGUNDA OPORTUNIDAD”. ADIÓS AL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL

Deudor universal

Proclama el artículo 1911 del Código Civil que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. Evidentemente, esto es una gran falacia, porque este vengativo artículo sólo sirve para generar “insolventes”: personajes que van por la vida creando sociedades en las que figuran sus testaferros y en las que ellos son los administradores. O peor: indigentes. La falacia es que el deudor NO RESPONDE. Porque quien no tiene, no responde. Porque no puede responder. Es así de fácil. Se trata de una de estas tonterías que creen los lectores de BOE. Hay mucha gente que cree que lo que sale en el BOE pasa a la realidad. Y sólo pasa a su imaginación. No hay personas insolventes, sino patrimonios insolventes.

Pero es que además, para evitar los efectos de este artículo, hace mucho que se inventaron tres cosas: (i) los contratos de seguro, para echar a otro la responsabilidad (ii) la responsabilidad limitada de las sociedades y (iii) el beneficio de inventario para evitar la responsabilidad del causante.

Pero aun así los acreedores no cejan en creer al BOE y siguen llenando los juzgados con demandas de ejecución formuladas contra patrimonios insolventes. Y los jueces, que les hacen el juego, porque también ellos creen que el BOE genera la realidad, han inventado el “levantamiento del velo” (algo que no está en ninguna ley pero que se aplica a discreción) y han interpretado a lo bestia la responsabilidad de los administradores de sociedades: los administradores responden de todo lo que no respondió antes la sociedad.

Lo peor de todo es que la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sigue partiendo de ese absurdo principio de responsabilidad patrimonial universal, que hay que derogar cuanto antes, porque sólo sirve para asustar a los niños y los que no tienen ningún seguro. Sobre eso, ya escribiremos otro día. Ahora basta con decir que es absurdo que desde 2003 hasta 2015 hayan tardado nuestros legisladores en darse cuenta de que las personas físicas que van a un concurso de acreedores no tienen por qué quedar excluidas de la vida civil, y embocadas al fraude societario, sin tener derecho a “volver a empezar”, sólo porque un banco les persigue. Hubiera sido mucho mejor, y sobre todo mucho más justo, que el banco, antes de prestar dinero, hubiera calculado la capacidad de recobro sobre la base de la operación económica concertada, y no sobre la base de que podrían convertir al mutuario en un esclavo de por vida: cuando a un trabajador se le embarga su sueldo de por vida, se le está esclavizando.

Es una pena que nuestros miopes legisladores hayan tardado 12 años en darse cuenta de su absurda disposición, pero más vale tarde que nunca. Aconsejamos pues a los deudores morosos que acudan al concurso de acreedores en los términos del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Tendremos mucho gusto en asesorarles.