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Reclamación económico-administrativa con alegaciones para que un autónomo recurra la denegación de la deducción del vehículo en el IRPF

Liquidación n.º $$$

Comprobación limitada

 

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Administración de $$$

D. $$$, con número de identificación fiscal n.º $$$, actuando en su propio nombre y derecho, domiciliado en $$$, calle $$$, n.º $$$, como mejor proceda en Derecho, DICE: que el día $$$ se me ha notificado la liquidación con clave $$$ de la que resulta una supuesta deuda tributaria de $$$ euros, y que, entendiendo dicha Resolución no es ajustada a Derecho, al amparo de lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 28 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, interpongo reclamación económico-administrativa con base en las siguientes

ALEGACIONES

  • El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 18 Sep. 2007, rec. 1801/2003, se pronunció sobre un caso igual a este: la AEAT no admitió como deducible la amortización del vehículo porque el interesado no había acreditado el uso exclusivo del vehículo a la actividad profesional. El recurrente había alegado, como hago yo ahora, que, como consecuencia de la actividad profesional desarrollada, tiene que desplazarse con eficacia, sin depender del transporte público. Por lo que necesita un coche. El “tribunal” económico-administrativo regional de Cataluña entendió que la carga de la prueba correspondía a quien invocaba la deducibilidad del gasto. Pero el TSJ de Cataluña señaló, remitiéndose a su anterior Sentencia 773/2005, de 30 de junio de 2005, referida a la deducibilidad de determinados gastos de la actividad profesional de un Arquitecto, y también a su Sentencia 1250/2004, de 2 de diciembre de 2004, que, en relación con la afectación de un vehículo a la actividad empresarial, no se invierten las normas sobe la carga de la prueba. Las presunciones legales en materia de IVA sí producen una inversión de la carga de la prueba. Pero no en el IRPF. Por lo que estimó el recurso.
  • Igualmente en este caso la AEAT no ha probado que el vehículo se haya dedicado a actividades privadas. La liquidación se practica por la AEAT partiendo exclusivamente de los datos declarados, de los justificantes aportados y de la información existente en la Agencia Tributaria, y con esta base considera que la amortización del vehículo no es deducible. Es decir, ha invertido la carga de la prueba. Cuando lo que tiene que hacer es probar que el vehículo se usa para alguna actividad privada. El caso es el mismo que el de la referida Sentencia.
  • Resulta inconstitucional, por contrario al principio de capacidad contributiva, que quien afecta el uso de un vehículo de su propiedad a su actividad profesional, aunque sea parcialmente, no pueda deducir el gasto, toda vez que el bien queda afecto a la generación de ingresos. Por tanto, el cálculo del rendimiento neto debe deducirse de la base imponible el importe del gasto. Es absurdo −como dice la referida Sentencia− que la deducción se presuma al menos en un 50% a favor del profesional para el IVA pero no para el IRPF. En ese absurdo, que es el que aplica la liquidación, se encuentra la inconstitucionalidad (artículos 31 y 133 de la Constitución) del artículo 22 del Reglamento del IRPF. Porque la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, señala en su artículo 14.1.c que los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, y las excepciones reglamentarias deben estar justificadas. Esta no lo está, porque es discriminatorio y contrario al principio de igualdad que, para la misma actividad, las sociedades puedan deducirse el gasto y los profesionales no, sólo porque un Reglamento –que los Tribunales deben inaplicar por ser inconstitucional− sin motivación alguna dice lo contrario perjudicando al contribuyente y al principio de capacidad contributiva.
  • Es de sentido común que quien ejerce una actividad profesional necesite un coche. Esto no sólo para los abogados: para cualquier profesional. No hay ninguna obligación legal de perder el tiempo en el autobús. El tiempo es el activo que vende cualquier profesional. Aprovecharlo es su obligación. Y para no perderlo, se compra uno un coche. Un profesional, al contrario que un empleado, no tiene horario. Por eso es lógico que el profesional pueda deducirse el coche y el empleado no.

Por todo lo cual SUPLICO:

Que, teniendo por interpuesta reclamación económico-administrativa con alegaciones contra la Liquidación $$$, remita las actuaciones al tribunal económico-administrativo regional de $$$, para que éste anule la referida liquidación ordenando el archivo del expediente.

En $$$, a $$$.