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Título de Marqués de Domecq d’Usquain. El Jefe del Estado tiene facultad absoluta para disponer de los títulos nobiliarios.

120px-COA_Marquis_of_Domecq_d'Usquain.svgEl Tribunal Supremo, Sala 1ª, ha dictado la Sentencia 17/2016, de 2 de febrero, desestimando el recurso de casación interpuesto por una litigante contra nuestro patrocinado, el Marqués de Domecq d’Usquain. Con esta, son ya tres las sucesivas Sentencias (primero del juzgado, luego de la Audiencia Provincial de Madrid, ahora del Tribunal Supremo) en la que venimos defendiendo con éxito el mejor derecho nobiliario del titular del referido marquesado, frente a la pretendiente en cuestión.

En el pleito la demandante sostenía que el Jefe del Estado había actuado contra derecho al conceder la gracia de alterar la línea de sucesión designando sucesor.

Tres tribunales han dejado claro sucesivamente que, habiéndose creado una nueva línea sucesoria por el Jefe del Estado en 1974, que otorgó al entonces poseedor del título el derecho a designar sucesor con perjuicio de tercero, si a la demandante no se le otorgó el título fue porque no le correspondía a ella sino a D. Pedro Domecq Hidalgo, por haber sido éste el designado por el mencionado D. Pedro Domecq Rivero en virtud de la autorización recibida del Jefe del Estado para designar sucesor.

Respecto de este título el Jefe del Estado autorizó para designar sucesor “dentro de los descendientes directos del concesionario, que lleven, en primera línea, el apellido Domecq”.

El Tribunal Supremo confirma que la autorización y el cambio de línea son legítimos en los referidos términos. Al operar así no se infringe la Real Cédula de 29 de abril de 1804 de Carlos IV (incorporada como Ley XXV, Título I, del Libro IV de la Novísima Recopilación) y que está vigente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 4 de mayo de 1948 y Decreto de 4 de junio del mismo año que la desarrolla. Para justificarlo el Tribunal Supremo se remite a jurisprudencia anterior (“esta Sala, en sentencia núm. 841/1996, de 25 octubre, establece como doctrina, con apoyo en la anterior de 27 de julio de 1987, que «es obligado admitir que el orden de sucesión en los Títulos Nobiliarios es inalterable, salvo que medie autorización expresa del Jefe del Estado, no presumible ni conjeturable de ningún acto por significativo que el mismo pareciere, ni incluso deducible de las reales cartas expedidas a favor de los cesionarios o de los favore20150908, FAVICON CdP Abogadoscidos por una distribución si en ellas no se hace constar formal y expresamente la aprobación de tales cesiones o distribuciones»”) y añade que «es primordial admitir que quien es creador de dignidades nobiliarias tiene también soberana potestad para suprimirlas y asimismo para modificarlas, doctrina que sin apartarse de lo dispuesto en la citada Ley 25 enero 1996 de la Novísima Recopilación, precisamente se conforma a ella como lo demuestra la frase “siempre que no manifieste yo otra cosa expresamente” (Sentencias de 22 noviembre 1892, 27 junio 1896, 20 junio 1908, 28 enero 1928, 1 diciembre 1967, 26 marzo 1968, 24 y 29 mayo 1977, 30 junio 1978, 25 febrero 1983)».

Y tampoco se infringe la ley del título. Efectivamente: se ha operado una alteración del orden regular en la sucesión, pero por una decisión de la Jefatura del Estado que, sin reserva alguna a favor de tercero, concedió autorización al entonces Marqués para designar sucesor en el título sin condicionamiento alguno, sólo con la condición de que el beneficiario ostentara como primer apellido el de “Domecq”. El Tribunal Supremo es muy claro: “han de reiterarse aquí los argumentos ya expresados en relación con el anterior motivo sobre la facultad absoluta del Jefe del Estado a disponer en la forma en que estime conveniente, y en cada momento, de los títulos nobiliarios”.