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Los Tribunales lesionan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva cuando no plantean la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

tsj_Madrid_UGTEl caso es lamentablemente frecuente: el abogado, en defensa de su cliente, entiende que para que le den la razón en un asunto tiene que plantearse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial. Pero el Tribunal (nunca el juez unipersonal porque no está obligado salvo que esté dictando Sentencia en única instancia) no lo hace. Y no suelen hacerlo. Porque presentar la cuestión prejudicial supone trabajar más de la cuenta en un asunto. Esto siempre es un incentivo a la baja. Y también porque los Tribunales lo tienen siempre todo claro: su criterio es el que cuenta. Acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe considerarse algo excepcional y para lucirse, no algo ordinario para dirimir un pleito. Así que es muy frecuente que los Tribunales, aunque expresamente se les indique que están en la posición de verse obligados a presentar la cuestión prejudicial, no lo hagan.

En esta omisión, aparte de otras responsabilidades, siempre exigibles pero que casi nunca se exigen, violentan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los justiciables. Pero ¿exactamente cuándo? Eso es lo que vamos a intentar explicar en este artículo.

Hasta el momento, el Tribunal Constitucional ha fijado en tres Sentencias su jurisprudencia para determinar cuándo los Tribunales violentan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por no formular cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la STC 58/2004, de 19 de abril; la STC 194/2006, de 19 de junio, y la STC 78/2010, de 20 de octubre.

A.           La PRIMERA jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La Sentencia 58/2004, de 19 de abril.

Desde esta Sentencia es claro que se lesiona el derecho a un proceso con todas las garantías cuando un órgano judicial cuya resolución no es susceptible de ulterior recurso ordinario toma la decisión de no aplicar el Derecho interno por supuesta incompatibilidad de éste con el Derecho comunitario sin haber planteado previamente la cuestión prejudicial.

La lesión al derecho fundamental se produce porque se prescinde de las garantías que integran el derecho fundamental al proceso debido. Y la infracción consiste en que se altera el sistema de fuentes del Derecho porque el Tribunal nacional no puede obrar por su cuenta en cuestiones que atañen al derecho comunitario: el Tribunal Constitucional recuerda que «cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia», obligación que sólo desaparece cuando la cuestión fuese materialmente idéntica a otra que haya sido objeto de una decisión prejudicial en caso análogo o cuando la correcta aplicación del Derecho comunitario pueda imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la solución de la cuestión planteada. Así dice la Sentencia del Tribunal Constitucional (el subrayado es nuestro):

Hemos de adelantar ya que también debe apreciarse en este caso la lesión del derecho de la TCAdministración demandante de amparo a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). Y ello porque, según razonaremos en seguida, la decisión de inaplicar el Derecho interno (la Ley 5/1990) por su supuesta incompatibilidad con el Derecho comunitario (el art. 33 de la sexta Directiva) sin haber planteado previamente la cuestión prejudicial prevista en el art. 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE, antiguo art. 177 TCEE), adoptada por un órgano judicial cuya resolución no es susceptible de ulterior recurso ordinario, en un asunto donde el propio órgano judicial viene a separarse de toda la doctrina judicial interna recaída sobre la materia −formada sobre la base del criterio sustentado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en diversas Sentencias−, supone desconocer las garantías que integran el contenido del proceso debido, pues esta otra preterición del sistema de fuentes era absolutamente imprevisible para la demandante de amparo, como vamos a comprobar.

Al efecto hemos de recordar ante todo que el art. 234 TCE prevé la posibilidad de solicitar del Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre la interpretación del Tratado o de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad, habilitando simplemente en unos casos a su planteamiento, pero obligando, en otros, al mismo. En efecto, conforme a la disposición reseñada, cuando un Juez nacional tenga una duda sobre la interpretación del Derecho comunitario «dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo». Ahora bien, acto seguido el mismo precepto dispone que «cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia».

Es decir, ante una duda en la aplicación del Derecho comunitario, el Juez o Tribunal interno está facultado para consultar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, salvo que se trate de un órgano judicial cuya resolución no sea susceptible de recurso ordinario en la vía interna, en cuyo caso, la facultad se torna, en principio, en obligación, en orden a preterir un Derecho en beneficio del otro.

Ahora bien, esta obligación de plantear la cuestión prejudicial desaparece, aun tratándose de decisiones de órganos jurisdiccionales nacionales que no son susceptibles de un recurso judicial conforme al Derecho interno, tanto cuando la cuestión planteada fuese materialmente idéntica a otra que haya sido objeto de una decisión prejudicial en caso análogo (SSTJCE de 27 de marzo de 1963, asuntos Da Costa y acumulados, 28 a 30/62; y de 19 de noviembre de 19991, asunto Francovich y Bonifaci, C-6 y 9/90), como cuando la correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la solución de la cuestión planteada (STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, 283/81).

El resultado es que, en aplicación del artículo 96 de la Constitución, el Tratado de la Comunidad Europea –concretamente el artículo 234− forma parte del Ordenamiento interno, siendo la cuestión prejudicial un instrumento más al servicio de los Jueces y Tribunales para la depuración del Ordenamiento.

En consecuencia la decisión de no plantear una cuestión prejudicial al amparo del art. 234 TCE no implica per se la lesión de las garantías previstas en el art. 24 CE, pero sí lo implica cuando esa falta de planteamiento pueda llevar aparejada irremediablemente la lesión del citado derecho fundamental por patente infracción del derecho comunitario. Así lo dice la Sentencia del Tribunal Constitucional (el subrayado es nuestro):

DÉCIMO. Pues bien, tribunal-de-justicia-de-la-UE-300x200no cabe duda de que, conforme al art. 96 de nuestra Constitución, el Tratado de la Comunidad Europea –y concretamente, en este caso, su art. 234– forma parte del Ordenamiento interno; por ello la cuestión prejudicial prevista en dicho precepto configura un instrumento más al servicio de los Jueces y Tribunales para la depuración del Ordenamiento jurídico. En efecto, como ya hemos tenido la ocasión de apuntar, «ha de tenerse en cuenta que España es Estado miembro de las Comunidades Europeas desde el 1 de enero de 1986, de conformidad con las previsiones del art. 93 CE y, por tanto, sujeto a las normas del ordenamiento comunitario que poseen efecto directo para los ciudadanos y tienen primacía sobre las disposiciones internas, como así se ha declarado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencias de 5 de febrero de 1963, en el asunto Van Gend and Loos y de 15 de julio de 1964, asunto Costa contra E.N.E.L.) y ha sido reconocido por este Tribunal (TC SS 28/1991 y 64/1991, entre otras)» (STC 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 4).

Así pues, en principio «la tarea de garantizar la recta aplicación del Derecho comunitario europeo por los poderes públicos nacionales es … una cuestión de carácter infraconstitucional y por lo mismo excluida tanto del ámbito del proceso de amparo como de los demás procesos constitucionales» (STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 4) porque, «a semejanza de lo que acontece en las cuestiones de inconstitucionalidad (TC SS 17/1981, 133/1987, 119/1991 y 111/1993), la decisión sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial corresponde, de forma exclusiva e irreversible, al órgano judicial que resuelve el litigio» (TC SS 180/1993, de 31 de mayo, FJ 2; 201/1996, de 9 de diciembre, FJ 2; y 203/1996, de 9 de diciembre, FJ 2). Por este motivo hemos afirmado que, «sin perjuicio de que el art. 177 TCEE, alegado por el recurrente, pertenece al ámbito del Derecho comunitario y no constituye por sí mismo canon de constitucionalidad (TC SS 28/1991, 64/1991), ninguna vulneración existe de los derechos garantizados por el art. 24.1 CE cuando el Juez o Tribunal estima que no alberga dudas sobre la interpretación que haya de darse a una norma de Derecho comunitario o sobre su aplicación en relación con los hechos enjuiciables en el litigio y decide por ello no plantear la consulta que se le solicita» (STC 201/1996, de 9 de diciembre, FJ 2; y en el mismo sentido TC SS 111/1993, de 25 de marzo, FJ 2; 203/1996, de 9 de diciembre, FJ 2; y ATC 296/1993, de 4 de octubre, FJ 2).

En consecuencia la decisión de no plantear una cuestión prejudicial al amparo del art. 234 TCE −al igual que ocurre con la decisión de no plantear cuestión de inconstitucionalidad al abrigo del art. 163 CE− no implica per se la lesión de las garantías previstas en el art. 24 CE, ni de quien pretendía dicho planteamiento y no obtuvo satisfacción a su pretensión, ni de quien, sin haberlo solicitado, pueda verse perjudicado por su no planteamiento.

Ahora bien, la anterior conclusión no es óbice para que, en determinados supuestos, esa falta de planteamiento pueda llevar aparejada irremediablemente la lesión del citado derecho fundamental, como así ha ocurrido en el presente caso y ahora razonaremos.

El resultado es que la decisión del juez nacional obligado por el TJUE a plantear la cuestión prejudicial de no hacerlo lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva cuando no se ajusta al parámetro sentado por el Tribunal Constitucional: que la inexistencia de duda razonable para la aplicación o inaplicación del derecho comunitario responda a un estándar de claridad patente, diáfano, evidente, inequívoco y clarísimo. Pero esto es algo que nunca se da, porque de otro modo el Abogado no pretendería que se plantease la cuestión prejudicial: se aplica el derecho nacional, o directamente el derecho europeo, y ya.

B.            La Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2006 de 19 de junio. Cuando se inaplica una norma nacional por considerarla desplazada por una norma comunitaria, es necesario presentar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 194/2006 de 19 de junio, reiteró que conforme al art. 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, cuando se plantee la aplicación de una disposición legal vigente contraria a derecho comunitario europeo ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia. Y añadió otra vez a lo ya dicho en la Sentencia anterior, que la obligación tiene relevancia constitucional a causa de la preterición del sistema de fuentes sobre el control de normas, que implica la vulneración del derecho al proceso debido y genera auténtica indefensión, pudiendo el Tribunal Constitucional fiscalizar si el Juez ordinario se ajustó o no al sistema legalmente previsto para el control de las leyes, es decir, si el Juez ha adoptado su decisión inaplicativa dentro de su jurisdicción, esto es, en el proceso debido y con todas las garantías. Así dice la Sentencia (el subrayado es nuestro):

  1. Para efectuar el enjuiciamiento de la cuestión central planteada por el recurso de amparo del Gobierno de Canarias hemos de partir de que tanto la resolución judicial como la totalidad de las partes de este proceso constitucional admiten que la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de mayo de 1998 declaró contrario al Derecho comunitario un precepto de la Ley reguladora del IVA literalmente idéntico al contenido en la Ley reguladora del impuesto general indirecto canario que fue dejado de aplicar por el órgano judicial, pero que la declaración efectuada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no afectó a dicho último precepto. En consecuencia éste (el art. 10.1.13 de la Ley 20/1991) era una disposición legal vigente y no afectada por la declaración del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de modo que el órgano judicial no podía dejar de aplicarla sin plantear, o bien cuestión de inconstitucionalidad, si entendía contraria al principio de igualdad la diferencia de trato que respecto de la aplicación del impuesto general indirecto canario y el IVA había ocasionado la anulación de los límites a la exención en el ámbito del último de los indicados tributos, o bien cuestión prejudicial, si estimaba que la regulación establecida en el impuesto general indirecto canario sobre el extremo que a los efectos del caso interesan era contraria al Derecho comunitario, pues, conforme al art. 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, «cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia».

La relevancia constitucional del tema apuntado reside en que (conforme a la doctrina establecida en la STC 58/2004, de 19 de abril, FJ 14) la preterición del sistema de fuentes sobre el control de normas implica la vulneración del derecho al proceso debido y genera auténtica indefensión.

Y en relación con ello hay, ante todo, que recordar que, en cuanto al papel que corresponde a este Tribunal al fiscalizar si el Juez ordinario se ajustó o no al sistema legalmente previsto para el control de las leyes, hemos ya afirmado en el fundamento jurídico 11 de la citada STC 58/2004 que no nos corresponde resolver si existía o no la pretendida contradicción entre la normativa interna y el Derecho comunitario que justificase la inaplicación de aquélla en beneficio de ésta, sino, única y exclusivamente, si el Juez español ha adoptado su decisión inaplicativa dentro de su jurisdicción, esto es, en el proceso debido y con todas las garantías [art. 24.2 CE; en sentido idéntico, pero con relación al principio de igualdad, STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a)].

Señala el Tribunal Constitucional que desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva el planteamiento de la cuestión prejudicial para dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicción con el Derecho comunitario resulta imprescindible para el respeto al sistema de fuentes establecido como garantía inherente al principio de legalidad, al que están sometidas las actuaciones de la Administración (art. 103 CE) y de los Tribunales (art. 117.1 CE). Y añade que como la actuación de los Tribunales no tiene otro límite que las leyes, la sujeción a éstas es la frontera de la competencia judicial en la cual el Juez encuentra su legitimidad democrática. Así dice la Sentencia (el subrayado es nuestro):

  1. La necesidad del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad resulta incondicionada en relación con las normas legales posteriores a la Constitución si no parece posible mantener una interpretación de ellas que acomode su sentido y aplicación a la Norma Suprema. No resulta pertinente extenderse más en ello, por cuanto el órgano judicial no ha fundado la parcial inaplicación del precepto legal (en cuanto que condiciona el disfrute de la exención a la cuantía de las cuotas de entrada o admisión y de las periódicas) en la vulneración del principio de igualdad, sino que, dado el paralelismo existente entre el art. 20.1.13 de la Ley 37/1992, del IVA, y el art. 10.1.13 de la Ley 20/1991, reguladora del impuesto general indirecto canario, extendió a éste último precepto la declaración efectuada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto del primero.

Por otra parte (siempre que concurran los presupuestos fijados al efecto por el propio Derecho comunitario, cuya concurrencia corresponde apreciar a los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria), el planteamiento de la cuestión prejudicial para dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicción con el Derecho comunitario resulta imprescindible para el respeto al sistema de fuentes establecido como garantía inherente al principio de legalidad, al que están sometidas las actuaciones de la Administración (art. 103 CE) y de los Tribunales (art. 117.1 CE). Es más, en la medida en que la actuación de los Tribunales de Justicia no encuentra otro límite normativo que el constituido por las normas de rango legal, la sujeción y el respeto a este límite configuran la frontera de la competencia judicial en la cual el Juez encuentra su legitimidad democrática.

La cuestión de si, al dejar de aplicar el art. 10.1.13 de la Ley 20/1991, reguladora del impuesto general indirecto canario, en cuanto condicionaba la aplicación de la exención a la cuantía de las cuotas de entrada o periódicas satisfechas a las entidades de constante referencia, se vulneró o no el sistema de fuentes relativo al control de normas ha de recibir en el caso sometido a nuestro enjuiciamiento una respuesta afirmativa. En efecto, resulta patente que una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que declara la incompatibilidad entre la normativa nacional y una Directiva comunitaria no puede justificar la inaplicación de una Ley en un territorio en el cual la Directiva no despliega sus efectos [la inaplicabilidad en el territorio ultraperiférico de Canarias de la Sexta Directiva sobre armonización fiscal se encuentra recogida en el art. 4 .1 del Reglamento (CEE) núm. 1911/1991, del Consejo, de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias; tal exclusión se contiene también en el art. 3 de la Directiva, conforme al cual «no tendrán la consideración de “interior del país”, los territorios nacionales siguientes: … Islas Canarias»]. Es más, esta afirmación, que sin duda puede realizarse incluso tratándose de la aplicación de la misma Ley en un territorio al que no alcanza la eficacia jurídica de la Directiva, resulta si cabe aún más incontrovertible cuando estamos en presencia de una Ley distinta a la declarada contraria al Derecho comunitario. Que su contenido material sea idéntico no supone sino el ejercicio de la libertad de configuración del legislador que, incluso cuando opera con un margen de actuación distinto, puede optar por introducir allí donde tiene tal margen (Canarias) la misma regulación que donde no lo tiene (territorio peninsular). Es cierto que, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de mayo de 1998, el legislador, mediante la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, acomodó la regulación del IVA al Derecho comunitario, suprimiendo todo límite para el disfrute de la exención que procediese de la cuantía de las cuotas de entrada o periódicas (art. 7 de la citada Ley 50/1998), y que además optó por modificar en idéntico sentido la regulación de la misma exención en el impuesto general indirecto canario, manteniendo así la homogeneidad normativa existente hasta la declaración de disconformidad con el Derecho comunitario que la citada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas incorpora. Ahora bien, la constatación de que el legislador ha establecido una regulación homogénea de la misma exención en ambos tributos (IVA e impuesto general indirecto canario) no autoriza al órgano judicial para dejar de aplicar un precepto legal vigente sin acudir a los instrumentos que el Ordenamiento jurídico arbitra para el control de su acomodación a la Constitución o al Derecho comunitario.

Es decir: cuando se inaplica una norma nacional por considerarla desplazada por una norma comunitaria, es necesario presentar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

C.           La SEGUNDA jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional rectifica su propio criterio. La Sentencia del Tribunal Constitucional 78/2010, de 20 de octubre. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NO TIENEN DERECHO A EXIGIR LA CUESTIÓN PREJUDICIAL. LOS PARTICULARES SÍ TIENE.

En esta Sentencia, cuyo supuesto de hecho era idéntico al de la Sentencia antes citada, el Tribunal Constitucional resuelve de modo distinto a las dos anteriores.

Es claro que lo hace de modo consciente y por tanto el procedimiento fue avocado por el Pleno, que fue el que dictó Sentencia.

El Tribunal Constitucional rectifica la jurisprudencia de la Sentencia antes citada. Pero no en materia de derecho comunitario, sino para determinar que las Administraciones Públicas no tienen derecho a exigirla (al contrario que los particulares).

Señala el Tribunal Constitucional que las personas jurídico-públicas no pueden alegar ningún derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para exigir el planteamiento de una cuestión prejudicial, porque éstas sólo son titulares de ese derecho fundamental cuando su situación procesal es análoga a la de los particulares, pero no en otro caso. Este es el fundamento jurídico clave (el subrayado es nuestro):

Respecto de la queja por la que se aduce que la Sentencia impugnada lesiona el derecho fundamental a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho, de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, la Administración recurrente en este caso no es titular del derecho fundamental invocado, pues, como hemos señalado, las personas jurídico-públicas sólo son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva en toda su extensión cuando «su situación procesal es análoga a la de los particulares» (STC 175/2001, de 26 de julio, FJ 8); situación que no concurre en el supuesto que ahora se examina, ya que la pretendida vulneración constitucional se produjo en un supuesto en el que la Administración acudió al proceso contencioso-administrativo en defensa de un acto dictado en el ejercicio de una de las potestades que como poder público ostenta. En estas circunstancias, al no encontrarnos ante ninguno de los excepcionales supuestos en los que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, las personas jurídico-públicas tienen un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, las quejas por las que se aduce la vulneración de estas vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva deben ser desestimadas, sin que proceda examinar si la resolución judicial impugnada incurre en los defectos de motivación que le imputa la Administración recurrente.

Por lo demás, la Sentencia del Tribunal Constitucional reitera su jurisprudencia anterior, que en este punto no tiene ningún cambio: la obligación de presentar la cuestión prejudicial sólo no existe, aun tratándose de decisiones de órganos jurisdiccionales nacionales que no son susceptibles de un recurso judicial conforme al Derecho interno, cuando la cuestión suscitada fuese materialmente idéntica a otra que haya sido objeto de una decisión prejudicial en caso análogo o cuando la correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable. Pero para dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicción con el Derecho comunitario el planteamiento de la cuestión prejudicial sólo resulta preciso, con la perspectiva del art. 24 CE la concurrencia de los presupuestos fijados al efecto por el propio Derecho comunitario. Así dice la Sentencia (el subrayado es nuestro):

  1. b) Distinto es el régimen jurídico de la cuestión prejudicial propia del Derecho comunitario, pues la obligación de plantearla desaparece, aun tratándose de decisiones de órganos jurisdiccionales nacionales que no son susceptibles de un recurso judicial conforme al Derecho interno, tanto cuando la cuestión suscitada fuese materialmente idéntica a otra que haya sido objeto de una decisión prejudicial en caso análogo (SSTJCE de 27 de marzo de 1963, asuntos Da Costa y acumulados, 28 a 30/62; y de 19 de noviembre de 19991, asunto Francovich y Bonifaci, C-6 y 9/90), como cuando la correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la solución de la cuestión (STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, 283/81). Y es que para dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicción con el Derecho comunitario el planteamiento de la cuestión prejudicial sólo resulta preciso, con la perspectiva del art. 24 CE, en caso de que concurran los presupuestos fijados al efecto por el propio Derecho comunitario, cuya concurrencia corresponde apreciar a los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria.

En el caso en cuestión la obligación no existía porque el Derecho comunitario no era aplicable ni ratione loci ni ratione materiae:

  1. En definitiva, no siendo aplicable al caso de estos autos el Derecho comunitario «ni ratione loci ni ratione materiae» –Auto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala octava) de 16 de abril de 2008–, no puede entenderse procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial, de suerte que su omisión no puede generar indefensión ni vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías –art. 24.1 y 2 CE-, manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24 CE de las que, por excepción, son titulares las Administraciones públicas, tal y como a continuación se va a exponer.

Siendo esto así, es claro que resulta muy frecuente en la práctica que los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, no menos que el Tribunal Supremo, en sus diversas Salas, prescindan, cuando se les pide, de la trabajosa obligación de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lesión directa e inmediata al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los justiciables que no sean Administraciones Públicas.

Animamos en consecuencia a todos los compañeros Abogados a que no dejen de solicitar –si fuere necesario con carácter previo− la nulidad de las Sentencias que incurran en el referido defecto y que acudan en amparo, como es su derecho, ante el Tribunal Constitucional, en defensa del interés de sus clientes.