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La ilegalidad de la tasa sobre cajeros automáticos (Ayuntamiento de Madrid)

cajeroEl jueves 13 de octubre de 2016 el Ayuntamiento de Madrid ha creado la “tasa Carmena” sobre cajeros automáticos, técnicamente denominada “Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por el uso de cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras”. Como los errores jurídicos que contiene son muchos, vamos a analizar algunos. Les recordamos que llevamos muchos recursos fiscales a mucha gente. Nos encanta litigar contra el Ayuntamiento de Madrid.

La tasa se funda –dice la Ordenanza− en los artículos 4 y 106 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). Y constituye el hecho imponible el aprovechamiento especial del dominio público local por la realización de operaciones bancarias en los cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras situados en línea de fachada de los inmuebles respectivos y a los que únicamente se tiene acceso directo desde la vía pública.

Esto es una barbaridad, porque el artículo 20.3 de la LRHL establece que las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Pero los cajeros automáticos NO están en el dominio público local, sino en el edificio particular. Quien usa de modo privativo el dominio público local al sacar dinero, es el ciudadano que está sobre la acera. Y resulta que “estar sobre la acera” no es utilizar el dominio público local de modo privativo, porque entonces todo el que está fumando un cigarro sobre un banco podría ser objeto de tasa por ocupar de modo exclusivo el asiento que el propio Ayuntamiento pone a su disposición.

carmena-y-carmonaTienen que pagar la tasa −son sujetos pasivos− las personas físicas o jurídicas o entidades que resulten especialmente beneficiadas por el aprovechamiento especial del dominio público. Y dice la Ordenanza: “a los efectos anteriores, se consideran, en todo caso, especialmente beneficiados los titulares de las entidades financieras donde se encuentran instalados los cajeros automáticos”. O sea, el Ayuntamiento quiere cobrar a los bancos, pero no a los ciudadanos. Esto es un error jurídico monumental, porque los beneficiados por el cajero no son quienes sueltan el dinero (los bancos) sino las personas que sacan el dinero. Y esto por dos razones. La primera, porque el banco no es beneficiado por el cajero, sino perjudicado, ya que pierde pasivo (le “sacan” el dinero). Y la segunda, porque –por efecto de las inexorables leyes de la física− quien materialmente ocupa el dominio público de modo exclusivo, es el ciudadano, no el banco.

Como a quienes quieren cobrar es a los bancos, la tasa no se devenga cada vez que alguien saca dinero, sino que la Ordenanza le saca el dinero a los bancos el primer día del año natural: un tanto alzado por cajero, que consiste en una cantidad fija anual por cajero automático instalado en línea de fachada con acceso directo desde la vía pública, que además no es igual para todos, sino que vendrá determinada en función de la “categoría fiscal” de la calle en la que se ubica. O sea, transitar por el barrio de Salamanca es más caro que transitar por Leganés. Es un modo de reconocer que la pobreza va por barrios. En las calles de “primera categoría”, los cajeros pagan 742,22 euros al año. En los barrios de renta media, 541,98 euros por año. Y así, según la siguiente escala: 742,22 €, 541,98 €, 360,34 €, 235,66 €, 153,88 €, 100,60 €, 62,22 €, 40,42 €, 26,21 €.

Esto es otra barbaridad, porque la base imponible queda en manos del Ayuntamiento: según en qué calle te clasifiquen, el banco paga más o menos. Pero el principio de legalidad revienta, porque la Ordenanza no señala ningún criterio objetivo para determinar cuando el barrio es de ricos y cuándo es de pobres. Además, le queda al Ayuntamiento la ardua tarea de justificar por qué estar parado en la acera de un barrio rico es más caro que estar parado en la acera de un barrio pobre.

carmena-2Desde el punto de vista de la lógica social, no tiene mucho sentido que se incrementen los costes de los barrios pobres. Los ricos, seguirán sacando dinero del cajero sin ningún problema. Pero a los pobres les quitarán los cajeros y éstos tendrán que ir a sacar dinero… a los barrios de los ricos.

Porque, además y por encima de las irregularidades jurídicas de la tasa, resulta del todo absurdo que el Ayuntamiento grave a los ciudadanos con una tasa que incremente sus costes para nada. Es verdad: se supone que van a pagar los bancos. Pero ya se lo adelanto yo: los bancos no van a pagar NADA. Es el Ayuntamiento el que va a pagar. Esta Ordenanza al Ayuntamiento le va a costar dinero. La razón es sencilla:

La Ordenanza con toda seguridad –tendríamos mucho gusto en ocuparnos del asunto− va a ser objeto de recurso directo ante los Tribunales. Para cuando llegue el 1 de enero de 2017, que es cuando se aplicará por primera vez, los Tribunales no habrán resuelto. Así que la tasa se liquidará. Se prevén recaudar 745.405 euros anuales. Los bancos lo pagarán, y además recurrirán las liquidaciones. También tendríamos mucho gusto en ayudarles en esto. Cuando vayan llegando las Sentencias, que aventuramos estimatorias, habrán pasado 2 años por lo menos. Siendo el resultado que el Ayuntamiento tendrá que devolver el dinero a los bancos más el interés legal. Como el interés legal es el 3%, el Ayuntamiento tendrá que (i) devolver los 745.405 euros; (ii) pagar 745.405 euros * 0,03 = 22.362,15 euros de intereses; (iii) pagar las costas de todos los procedimientos y (iv) asumir los costes incurridos en la gestión de una tasa nula: se ha gestionado para nada.

Lo sentimos por el Ayuntamiento de Madrid, pero estos pleitos va a perderlos. Nos tememos. Suerte la próxima vez que se les ocurra alguna Ordenanza nueva.