Hospitales, Farmacias, Sanitarios y COVID. El estado de alarma genera indemnización.

Hospitales, farmacéuticos y sanitarios, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, es muy clara en su artículo 3.dos: “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Esto quiere decir, sin duda de ningún género, que hasta el último céntimo de euro gastado por profesionales de la sanidad en atender órdenes, publicadas o no en el Boletín Oficial del Estado, adoptadas por cualquier Administración Pública durante la vigencia del estado de alarma que haya sufrido en sus bienes daños o perjuicios tienen derecho a ser indemnizados.

La solicitud en el primer estado de alarma debe formularse al Estado. En el segundo, debe formularse tanto a la Comunidad Autónoma como a la Administración General del Estado. Son responsables solidariamente los dos.

Las Administraciones Públicas debieron iniciar de oficio el expediente de responsabilidad. Si no lo han hecho, puede iniciarlo cualquier interesado desde que le parezca bien. Si en el término de 6 meses no han contestado, se puede acudir a los Tribunales.

La legislación de contratos de emergencia hace aplicable la Ley de lucha contra la morosidad y por tanto las Administraciones Públicas que no hayan pagado en el plazo convenido en el contrato pagarán intereses automáticamente por el mero incumplimiento del plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor, al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo que actualmente es del 8 por ciento. Y además deberán pagar los costes de cobro.

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