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El plan de pagos a proveedores es contrario al derecho europeo

Todo el mundo puede solicitar que se le devuelvan las cantidades a las que ha tenido que renunciar y que se le paguen los intereses de demora.

Como todo el mundo sabe, porque el Gobierno le hizo al asunto mucha publicidad, uno de los objetivos de política económica desde 2011 fue la necesidad de que las Administraciones Públicas procedieran al pronto pago de sus obligaciones.

Con tremenda alharaca se anunció un plan de pagos a proveedores, de carácter urgente, cuya finalidad declarada era que muchas pequeñas y medianas empresas que contrataban con las Administraciones Públicas pudieran cobrar lo que hacía ya años que se les debía. Pero en realidad la finalidad última, muy taimada, fue reducir el déficit de las Administraciones Públicas por una vía muy simple: dejar de pagar parte del principal, y dejar de pagar los intereses de demora que debían, que ya eran exagerados.

La combinación parecía estupenda: por parte de la Administración se habilitan créditos para pronto pago, y por parte de los proveedores se renunciaba en todo caso a los intereses de demora, y en muchos casos tamScreenshot_2015-03-31-10-24-13bién a presentar nuevas facturas o a cobrar facturas ya presentadas.

Por pura y simple necesidad, muchos empresarios, que en efecto estaban abocados a la quiebra por falta de liquidez, porque los bancos no les prestaban más dinero para aguantar hasta que las Administraciones Públicas les pagasen, entraron al juego, y dejaron de cobrar importantes cantidades de dinero para poder cobrar lo suficiente para sobrevivir. Es decir, dejaban de cobrar lo justo para cobrar lo mínimo.

Este asunto, con el transcurso del tiempo, se ha olvidado, y hoy esas mismas empresas, otras que las han sucedido, se ven sujetas a la presión de la Agencia Tributaria, igual que antes fueron objeto de presión para que renunciaran a cantidades que se les debían a cambio de un pago que también se les debía pero que en otro caso nunca se les iba a realizar.

Algunos profesionales, con mucho acierto, anunciaron en los periódicos que tal actitud por parte de las Administraciones Públicas era contraria al derecho de la Unión Europea. Y que, si se operaba así, después ministraciones públicas tienen que pagar el 100 × 100 de lo debido, también los intereses y el principal, que ahora de momento parecía que se estaban ahorrando.

Quiero resaltar en especial el artículo publicado en el diario “Expansión” por el abogado del Estado excedente don Sabiniano Medrano, el cual vaticinó con mucho acierto lo que iba a pasar pues en efecto, ha pasado, y ya está pasando. Decía Medrano: “hay una razón más poderosa por la que la condición de la renuncia es no sólo indeseable si­no abiertamente intolerable: el respeto a la ley. Los derechos del acreedor en operaciones co­merciales los establece la ley española por exi­gencia de la directiva europea de lucha contra la morosidad, cuyo artículo 4 establece que “los Es­tados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el acreedor tenga derecho (…) a intereses legales de demora”. No es compatible con esta disposición que un Estado disponga y regule un mecanismo −que se limita a proporcio­nar financiación al moroso, pues no es el Estado quien paga− en el que para poder cobrar “ya” el acreedor tenga que renunciar a unos derechos que no son contractuales, sino legales. El resulta­do sería que, durante un período de varios años, los poderes públicos españoles, a partir de escan­dalosos retrasos en sus pagos, eludirían masiva­mente la directiva de morosidad. La voluntarie­dad del acogimiento al plan es meramente for­mal, pues, en general, seguir esperando el pago no es, en una situación económica angustiosa, una verdadera alternativa. “Lo tomas o lo dejas”. El nuevo plan no respetará la ley ni la directiva si mantiene el reqScreenshot_2015-03-31-10-32-03uisito de la renuncia. Particu­larmente si, para cobrar deudas que pueden te­ner casi dos años de antigüedad, se pone en la te­situra de renunciar a sus derechos a acreedores que, lejos de desentenderse de ellos, los han ejer­citado ante los tribunales de justicia. Que la Ad­ministración reconsidere este importante aspec­to no lo exige sólo la razón y la justicia: lo exige el Derecho”.

Por el momento –escribo a 31 de marzo de 2015− sólo un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia, pero pronto muchos otros juzgados y tribunales, estarán obligando, primero las administraciones locales y después a todas las demás, a pagar íntegramente las cantidades que tenían que haber satisfecho en su momento. Pero ahora con los intereses legales desde el día en que la deuda se contrajo hasta el día de la sentencia. Y, en los casos en los que se haya procedido a regularizar la situación judicialmente, con el tipo de interés incrementado que prevé la ley de morosidad.

En “Coello de Portugal, Abogados” tendremos mucho gusto en asesorarles si ustedes han “picado” en la maniobra urdida por el ministerio de Hacienda, y, en esta como en muchas otras cuestiones tributarias, tendremos mucho gusto en recuperarles íntegramente las cantidades que en su día se les debían y que nunca se les han pagado: los intereses de demora y el principal que hayan dejado de cobrar. Tienen ustedes derecho a lo que es suyo.