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Deducción fiscal del “coche de empresa” por los autónomos en IVA y en IRPF

Viene siendo una cruz –otra de tantas− para las gentes que nos ganamos la vida como profesionales “libres”, es decir, sin jefe, poder deducir, total o parcialmente, los gastos del vehículo.

Para todos es claro que el vehículo es un artilugio necesario para moverse por el mundo, pero no para la AEAT. El estúpido régimen que vale para la AEAT es sencillo: te puedes deducir los carísimos billetes del AVE si vas y vuelves a Sevilla. Pero no te puedes deducir la gasolina ni la amortización del vehículo si vas en coche a Sevilla. El resultado es que quien va a Sevilla en coche es tonto, porque trabaja más y no se deduce nada, aunque el viaje sea más barato que el viaje en AVE.

Más aún: la AEAT cree que, como los inspectores van a todos sitios en autobús y si no se lo tienen que pagar ellos, los demás tenemos que hacer lo mismo. Pero esto no es así, porque el activo principal del autónomo es su tiempo, mientras que al funcionario o el empleado laboral cuando necesitan coche se lo pone la empresa o se lo paga la empresa, pero al autónomo no se lo paga nadie, a pesar de que es quien más y mejor tiene que aprovechar el tiempo, porque tiene que hacer de todo: desde coger el teléfono hasta ir a correos. Dentro de la propia ciudad.

Y más todavía: no es raro el autónomo que tiene moto además de coche, porque aprovechar el tiempo es una necesidad vital. Vive de vender su tiempo y de dosificar su esfuerzo, por lo que el régimen de su transporte es, en todo momento, determinante.

Pero la AEAT tiene que recaudar. Y le da igual cuáles sean las condiciones de producción. Hay además cierto grado de envidia, que no puedo probar pero sí intuir, en que los autónomos puedan deducirse un coche (“que usan para sus gastos particulares, brrrrrrr, que rabia, porque yo no puedo, y me tengo que conformar con ir en bus a trabajar”) y los inspectores no puedan. Como los funcionarios y los trabajadores son mayoría, pues la minoría productora y productiva, a fastidiarse: si no quieren ir en el tren de cercanías como “todo el mundo”, pues que paguen.

Esto es económicamente absurdo. Tengo muy claro que, por razones puramente económicas, la deducibilidad omnímoda de los gastos de transporte, también la de los funcionarios y empleados por las empresas que los contratan, para uso profesional, sería una fuente de riqueza para la propia AEAT, ya que recaudaría más debido (i) al incremento de la productividad de la empresa (ii) el incremento del empleo (iii) el aumento de los gastos empresariales y por tanto del PIB (iv) la mayor venta de automóviles (v) el incremento de las ventas de las empresas auxiliares del automóvil y (vi) la mayor recaudación directa por IVA e impuesto sobre hidrocarburos, que es la razón fundamental. Pero la envidia es miope y genera, como todo error, disfuncionalidades injustificables, también a la hora de recaudar. Al no permitir la deducción de los gastos profesionales de transporte de cualquier persona, trabajador o autónomo, se produce lo contrario de lo que se pretendía: se recauda menos.

En el IVA se admite, porque lo exige la Unión Europea, que es más fuerte que la envidia nacional, la deducibilidad de un 50% por lo menos, cuando un vehículo tiene “doble uso” (personal y profesional). Así lo impone el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Y lo articula jurídicamente basándose en un sistema de presunciones jurídicas: cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas “se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100”. El resultado es que, si quieres deducirte más del 50% del IVA, tienes que probarlo. Y si la AEAT quiere quitarte hasta el 50% del IVA, lo tiene que probar ella.

El problema viene con el IRPF. Esta presunción no existe en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Existe la presunción contraria: que si el vehículo se dedica 1 minuto al año a llevar a tu suegra al médico, no puedes deducirte nada del vehículo, y esto ya nunca en toda la vida del automóvil. Y cuando lo vendas, no puedes deducirte la minusvalía.

Y más todavía: la AEAT aplica el artículo a lo bestia. Es decir: supone que, si el coche está a nombre del autónomo, es éste quien tiene que probar que nunca llevó a su suegra en coche.

Alguien está loco. No tiene sentido que en el IVA la ley permita el 50% de deducción y el reglamento del IRPF no permita deducción alguna y además con sanción. Porque el fundamento económico y fiscal del asunto es exactamente el mismo. La locura es la envidia y las ganas desaforadas de recaudar, en los términos antes mencionados, a los que me remito.

Esto es además inconstitucional, por contrario al principio de capacidad contributiva. Quien afecta el uso de un vehículo de su propiedad a su actividad profesional, aunque sea parcialmente, lógicamente puede deducir el gasto, porque el bien queda afecto a la generación de ingresos y su rendimiento neto baja, porque lo que gana un autónomo es lo que saca de su actividad en términos netos. El cálculo del rendimiento neto en el IRPF debe deducir de la base imponible el importe del gasto de transporte. Es absurdo que la deducción se presuma al menos en un 50% a favor del profesional para el IVA pero no para el IRPF.

Es además discriminatorio y contrario al principio de igualdad que, para la misma actividad, las sociedades puedan deducirse el gasto y los profesionales no, sólo porque un Reglamento sin motivación alguna dice lo contrario perjudicando al contribuyente y al principio de capacidad contributiva.

Pero el asunto tiene remedio. Recurrir. Regalamos aquí un recurso como publicidad y propaganda de nuestro despacho para que todos los autónomos que quieran, y sus asesores, puedan utilizarlo, con las debidas adaptaciones, interponiendo reclamación económico-administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace ya mucho tiempo que dictó las Sentencias de 18 de septiembre de 2007, 30 de junio de 2005, y 2 de diciembre de 2004, en las que señala que es la AEAT la que tiene que probar que el vehículo “lo usa la suegra”, es decir, que se usa también para fines particulares.

Normalmente, la praxis de la AEAT es que usa los datos que tiene por el ordenador, no comprueba nada, y te hace una liquidación provisional limitada, que te cuesta entre 300 y 1.500 euros según el tipo de coche y la amortización anual del gasto que practiques cada año. Pero no prueba que “el coche lo uses para transportar a su casa a tu suegra”.

Esto es un error de prueba que conviene aprovechar. La Sentencia del TSJ lo que dice es que es la AEAT quien tiene que probar que el vehículo se haya dedicado a actividades privadas. Si la liquidación se practica por la AEAT partiendo exclusivamente de los datos declarados, de los justificantes aportados y de la información existente en la Agencia Tributaria, está invirtiendo la carga de la prueba. Cuando debería ser al revés: quien tiene que probar que el vehículo se usa para alguna actividad privada es la AEAT.

Evidentemente, si la AEAT prueba que se está usando el coche para fines particulares, no hay nada que hacer por este camino. Pero hay otros dos y por eso conviene recurrir en todo caso, hasta que cambien la ley y también para el IRPF se presuma en el caso de los autónomos una deducción del 50%.

El primer argumento es que la necesidad de que el vehículo se dedique exclusivamente para fines profesionales para que pueda ser deducible en el IRPF del autónomo, es una norma reglamentaria, no una norma legal, y las normas reglamentarias ni pueden crear presunciones ni pueden limitar la deducibilidad de la base imponible porque ésta se configura necesariamente por norma con rango de ley, y en este caso no estamos ante un complemento necesario de la ley, sino ante una pura y simple prohibición general de deducir un tipo de gasto que es claramente necesario –en la proporción que sea, normalmente un 50%− para la actividad profesional.

Y el segundo argumento, no menos importante, las dos referidas inconstitucionalidades: (i) inconstitucional por contrario al principio de capacidad contributiva, ya que sólo se puede sujetar a tributación el rendimiento neto de la actividad profesional y (ii) inconstitucional por contrario al derecho a la igualdad, ya que quienes ejercen la misma actividad profesional por medio de sociedades sí pueden deducirse este gasto (en la sociedad).

Para la interposición del recurso adjuntamos un modelo, en el que hay que sustituir los campos $$$ por los datos de cada uno. Luego hay que presentarlo, antes de que pase un mes a contar de la notificación de la liquidación, ante la AEAT. Y luego hay que esperar a que el “tribunal” económico-administrativo regional (TEAR) resuelva. Esté usted seguro de que el TEAR fallará en contra. Pero luego puede poner el recurso contencioso-administrativo. Ante los verdaderos tribunales. Si en ese momento no tiene abogado y nos necesita, no deje de llamarnos. Lo mejor es un correo electrónico al que nos adjunten escaneados y sellados por la AEAT o por Correos (i) la reclamación económico-administrativa que presentaron y (ii) la resolución del TEAR, a este correo electrónico: info@coellodeportugalabogados.com Y vaya preparando poderes para Procuradores. Nosotros se lo llevamos.

Anímese: entre todos lo conseguiremos. Hace falta que mucha gente recurra en el mismo sentido. Eso también ayuda.