Recurra las multas que le hayan puesto durante el confinamiento

Recurra las multas que le hayan puesto durante el confinamiento

Cómo venimos diciendo desde hace meses, y además fuimos los primeros en decirlo, todas las multas impuestas durante el confinamiento son nulas.

Pero si no se recurre, tendrá que pagarlas. Lo hemos explicado con mucho detalle en un vídeo de este mismo página donde podrá informarse.

No deje de recurrir estás multas. Si no tendrás que pagar. Aquí tiene un buen ejemplo de cómo hay que proceder.

Recurra on line sin moverse de su asiento haciendo click aquí.

Incumplimiento de la ley de alarma

Incumplimiento de la ley de alarma

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo tercero, apartado dos, obliga a indemnizar a “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados”.

Si alguien ha sufrido daños durante el estado de alarma han sido las empresas sanitarias, que se han volcado en poner sus recursos a disposición de los enfermos. No por obligación legal, o porque lo dijera el Real Decreto de estado de alarma, sino por su propia naturaleza.

Ahora es urgente e importantísimo que esas empresas no sufran daño patrimonial.

Sin embargo lo que está haciendo el gobierno es aprovechar la situación para expropiarlas de modo tácito: primero las deja quebrar, porque no les paga lo que les debe, y luego se queda con ellas, convirtiendo toda la sanidad en sanidad pública y eliminando la sanidad privada, según su ideología, pero contra toda justicia.

Si quieren reclamar coma estamos a su disposición. El primer paso pueden darlo haciendo click aquí.

El TC vuelve a llegar tarde

El TC vuelve a llegar tarde

Un Tribunal Constitucional que dicta sentencia años después de que una ley se esté aplicando, para declararla inconstitucional, es un organismo que no funciona. Que no cumple su función. Podría decirse que no vale para nada, porque no tiene ninguna utilidad práctica. Durante el estado de alarma hemos sufrido dos leyes inconstitucionales. La primera, el Real Decreto que declaró el Estado de Alarma. Que es un Real Decreto pero, como ha dicho el Tribunal Constitucional en 2016, vale como ley. Y después la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la ley mordaza según el PSOE, que no es otra cosa que la Ley Orgánica de opresión de los ciudadanos. Se ha aplicado con profusión durante el estado de alarma para imponer multas y generar detenciones, limitando las libertades y poniendo a la gente a los pies de los caballos de la policía. Me parece que el Tribunal Constitucional forma parte del problema y es culpable de que hayamos sufrido está quiebra de libertades, en la misma medida en que tarda años en dictar sentencias que hace mucho tiempo que tenían que estar en el Boletín Oficial del Estado.

Otra tontería con forma de Auto del Tribunal Supremo

Otra tontería con forma de Auto del Tribunal Supremo

Como todo el mundo sabe, las decisiones judiciales hay obligación legal de acatarlas, pero no hay ninguna obligación de estar de acuerdo con ellas.  Sobre todo cuando se trata de barbaridades. De interpretaciones de la ley sacadas de la manga sólo porque el juez -y es el caso del Tribunal Supremo- es irrecurrible. Lo cual le permite interpretar la ley con una soltura llamativa. Es decir, sin atender a su texto.

Es el caso de una barbaridad semántica y judicial, la que se contiene en el Auto de 29 de enero de 2018 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, el cual declara que cuando la Sala fija una cantidad MÁXIMA por costas judiciales en la instancia, que es lo que le autoriza la ley, esa cantidad no es máxima, sino que es la cantidad a pagar, y el LAJ no puede reducirla.

Pero eso no es así. Se trata de una barbaridad semántica. El artículo 139.4 LRJCA lo que dice es esto: “La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”. Cuando dice “a la totalidad” quiere decir que se tasarán. Cuando dice “a una parte”, quiere decir que se tasarán y se pagará un porcentaje -una parte- de lo que resulte de la tasación. Y cuando dice “HASTA una cifra máxima” no quiere decir que se pagará LA CIFRA FIJADA, sino que las costas se tasarán, y se pagará lo que toque, hasta ese máximo. Eso es lo que dice la ley.

Lo que dice el Tribunal Supremo es que si la cuantía desl asunto son -pongamos- 1.000 euros, y por tanto las costas son (en Madrid) 250 euros más IVA (otros 53,50 euros), por mucho que el Tribunal Supremo haya fijado una cifra MÁXIMA de 2.000 euros, no quiere decir que las costas sean 2.000 euros, porque eso es el máximo, no las costas a pagar, que tendrá que tasar el LAJ.

Les advierto que frente a esta barbaridad, que he comentado también en un video que pueden ver haciendo click aquí, no hay remeido, porque el Tribunal Constitucional pasa de reclamaciones de este tipo. Y el Tribunal Supremo no atiende a los incidentes de nulidad que se le presentan por este motivo. Es lo que tiene ser irrecurrible. Pero no infalible. Así que, les guste o no, mi opinión la tienen que aguantar. Y mi opinión es esta: su Auto es contrario a la Ley y contrario a todo Derecho. Una fuente de injusticias, de la que responderán. No ante los hombres. Pero está el Tribunal de Dios. Ellos sabrán, si no corrigen su jurisprudencia. Porque nadie recurre para recuperar 1.000 euros jugándose 2.000 euros por instancia en costas. Eso es tanto como decir que no hay tutela judicial efectiva. Lo cual, por cierto, no le importa nada al Tribunal Constitucional.