Nos alineamos con Ros Petit Asesores Legales y Tributarios señalando que la futura Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Patrimonio no debe atender ni a tendencias ni a colores, sino a su inveterada jurisprudencia. Por lo que debe ser ESTIMATORIA. La seguridad jurídica que hay que defender no es la de la AEAT: es la del ciudadano. El TC no está ahí para que Hacienda nunca tenga que devolver dinero, sino para que lo que es nulo sea nulo de verdad. Lean el post.

Si el Gobierno aprueba por Decreto-ley una reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, los que no hayan hecho uso de su derecho antes de que la norma se publique oficialmente se quedan sin bonificación. Lean el post.

En nuestra opinión, hay dos leyes que regulan el impuesto sobre el patrimonio: la Ley 19/1991, de 6 de junio, y la Ley 38/2022, de 27 de diciembre. La segunda se dice complementaria de la primera. Pero como no es complementaria sino coincidente, no la complementa: la modifica. Lo complementario es la ley, no el impuesto. Esto hace que lo pagado por impuesto sobre el patrimonio (IP) deba hacerse conforme a la Ley del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF). Y más: como la ley del ITSGF es contraria a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), ni se puede cobrar el IP ni se puede cobrar el ITSGF. Lean el “post”.

Otra Sentencia en la que el Tribunal Supremo para los pies a la AEAT. Y otra Sentencia que no sirve para nada porque a efectos prácticos sólo beneficia a los que han recurrido, pero a nadie más. La AEAT produce normas y genera actuaciones generales. Sólo las evitan los que recurren uno por uno. No hay igualdad de partes.

Si necesita crear una startup, déjese de líos burocráticos y contrátenos. Le buscamos lo más fácil y lo más eficiente fiscalmente.

La Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid facilitan el camino para que las grandes fortunas y los bancos y empresas energéticas tengan éxito en sus recursos contra el ITS.

Si tiene que pagar el Impuesto temporal sobre grandes fortunas, recurra la liquidación. Le sobran argumentos. Y según el PSOE y UP también le sobra dinero.

El engorroso y defectuoso impuesto sobre el plástico.

Si no es residente en España pero arrienda un local en España, quítese de encima el lío de pagar el IVA y padecer retenciones contratando nuestro servicio.

Haga uso del formulario de delegación de voto a favor de la propuesta del Decano D. Eugenio Ribón en relación con los nuevos proyectos del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Texto íntegro de la conferencia pronunciada por D. Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral en la sede de la Academia Matritense del Notariado el 10 de noviembre de 2002, haciendo una consideración financiera de la seguridad jurídica preventiva.

La Agencia Tributaria se ha equivocado en 2.219 millones de euros, con daño de 727 millones de euros en intereses, que hemos tenido que pagar entre todos. Lo malo es que esto pasa todos los días y no todo el mundo es Telefónica para aguantar la presión.

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La imposición por Decreto-Ley a las gasolineras de una obligación de financiar a sus clientes contra su propia cuenta de resultados es inconstitucional y genera derecho a indemnización por los daños que se sufran.

Examen de la prisión por deudas cuando se produce por denegación de la suspensión de la ejecución de pena privativa de libertad porque el penado no tiene dinero para pagar las responsabilidades civiles.

El recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es deficiente cuando se interpone pidiendo tutela judicial efectiva.

Si es arrendador, han dejado de pagarle la renta, ha intentado el desahucio y el juez lo ha parado porque el inquilino es vulnerable, reclame de su comunidad autónoma la compensación a la que tiene derecho. Nosotros le ayudamos.

los arrendamientos de locales hechos antes del nueve de mayo de 1985 a favor de personas físicas, aunque sea por traspaso, duran hasta la muerte del arrendador y eso si no se los queda su cónyuge.

Desde su móvil o su ordenador, utilice el formulario que encontrará abajo para generar un burofax que puede enviar al arrendatario moroso.

La limitación de subidas de alquiler es inconstitucional y genera responsabilidad del Estado legislador. ¿Es arrendador? No se quede parado. Recurra.

Cuando el legislador limita el derecho de los alquileres ya concertados con carácter retroactivo no está regulando el alquiler sino expropiando los derechos del arrendador. La diferencia debe pagarla el legislador. Reclame con nosotros.

Hoy las grandes expropiaciones ya no se hacen con la Ley de Expropiación Forzosa, sino directamente con la regulación. este tipo de regulaciones no es la primera vez que se aplica. Acuérdense de la “golden share”. Lean el “post”.

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

Si usted ha sufrido daños por las tractoradas de agricultores y camionadas de transportistas, sepa en nuestra opinión que el Estado ha sido negligente y es el responsable. Reclame al Estado. Luego, si el Estado quiere, que le reclame a los vándalos. Pero la ley obliga al Ministerio del Interior a garantizar que se pueda circular por las carreteras.

Estudio de lo que puede hacer un propietario cuando una compañía eléctrica decide expropiarle: casi nada.

El Tribunal Supremo ha determinado que los Ayuntamientos deben devolver la parte proporcional de la cuota del IAE a las empresas que estuvieron cerradas durante la pandemia, según el tiempo que hubieran dejado de funcionar. La paralización además se presume: no es preciso probarla, ni haber puesto en conocimiento de la Administración el cierre.

Si necesita crear una startup, déjese de líos burocráticos y contrátenos. Le buscamos lo más fácil y lo más eficiente fiscalmente.

Aragón regula lo que le da la gana. Y por Decreto-ley. Porque da igual. El recurso va a tardar 15 años…

Transportista, Agricultor, Cargador: si el seguro que tiene contratado dice que NO CUBRE los daños sufridos en Francia, arriende nuestro servicio.

Si tiene un seguro y ha sufrido daños por las inundaciones en Zaragoza o por la piedra de Vitoria, su seguro no responde. Pero el Consorcio de Compensación de Seguros sí. Aprenda cómo.

Los empresarios deben proteger su tesorería y sus activos de los efectos perniciosos de la guerra de Ucrania.

Si tiene un seguro y ha sufrido daños por las erupciones volcánicas en la Isla de La Palma, su seguro no responde pero el Consorcio de Compensación de Seguros sí. Aprenda cómo.

Si tomó un crédito con el Banco Popular para comprar acciones del Banco Popular en 2016 y perdió todo el valor de las acciones, a lo mejor todavía puede reclamar al Banco Santander con éxito.

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Es inconstitucional sancionar por usar un software que no le gusta a la AEAT. La presunción de inocencia prohíbe la imposición de sanciones por la mera utilización de un software sin acreditar que de hecho se ha cometido la infracción. La jurisprudencia del TC es muy antigua. Es un retroceso más en nuestras libertades. Los empresarios deben impugnar el desarrollo reglamentario ante los Tribunales. Nosotros les ayudamos.

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Dolo directo de primer y segundo grado y dolo eventual.

El gobierno no puede modificar el Código Penal por Decreto-ley

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

Transportista, Agricultor, Exportador: exija a la Comisión Europea que actúe frente a Francia por los desórdenes que han causado ciertos energúmenos “en lucha” haciendo uso violento con impunidad de sus supuestos “derechos” para perjudicar a terceros -a usted o su empresa- para sacar ventaja comercial ilegítima impidiendo su tráfico de mercancías. Simplemente dele a “reclamar” y rellene el formulario. Todo lo demás se hace solo. La explicación, en el post. Lea el post.

Nuevo régimen de intervención de la agricultura, ganadería y pesca. Si necesita impugnarlo, llámenos.

Las sanciones de la UE a Rusia pueden perjudicar a muchas empresas europeas. No tienen por qué soportar este daño. Reclamen.

Si usted se ha visto perjudicado por el cártel de precios organizado en 2017 y 2018 por Arcelormittal, Sidenor y Siderúrgica Balboa, tiene derecho a pedirles daños y perjuicios. Y se presume que los hay. Llámenos.

La Sala 4.ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la Sentencia el 18 de enero de 2024 en el asunto C 303/22, indicando que la Directiva 89/665/CEE no se opone a una normativa nacional que prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano administrativo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato, y añade que “si se interpone tal recurso, la suspensión de la celebración de ese contrato debe mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya pronunciado sobre el citado recurso”. Pero esto último no lo incorpora al fallo.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, permite investigar el WhatsApp de los trabajadores y en su caso utilizarlo como prueba para su despido.

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Los gimnasios madrileños pueden pedir a la Comunidad de Madrid hasta 200.000 euros para compensar pérdidas y gastos.